El conflicto interno en la frontera colombo-ecuatoriano concita la atención académica, dado los sucesos acaecidos en el año 2018 (atentados, secuestros, crímenes relacionados con el narcotráfico y grupos disidentes de la guerrilla colombiana a propósito de las negociaciones para el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que, para su comprensión y análisis —desde el objetivo de este artículo—, demanda un acercamiento a la revisión de elementos teóricos, matizados con datos empíricos, con base en una revisión bibliográfica.

Esta aproximación conceptual y empírica sobre los grupos irregulares armados (GIA) que actúan en la frontera norte en los últimos años es apenas un breve acercamiento a algunos términos y datos.

El 8 de enero del 2019, mediante Decreto Ejecutivo 633, se expidió la Política de la Defensa Nacional del Ecuador, que luego de 12 años fue actualizada. En este documento, entre otros aspectos, se establece los objetivos estratégicos de la defensa, así como las amenazas y riesgos a la defensa y seguridad del Estado. En el ámbito internacional a la política de la defensa se la conoce como “Libro blanco” y representa una propuesta integral desde la visión política, militar, social, económica, productiva, estratégica, legal, diplomática, investigativa, tecnológica, cultural, entre otras, lo cual posibilita, desde un abordaje multidisciplinario, un mejor accionar y direccionamiento para que el sector de la defensa nacional cumpla con la misión constitucional y promueva, desde sus competencias, el desarrollo y la paz del Ecuador (Midena, 2018).

En un contexto hemisférico cabe indicar que está vigente la Declaración sobre Seguridad en las Américas (en adelante, DSA), suscrita en México el 28 de octubre de 2003 en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad. Este documento recoge el interés de los Estados de las Américas, “comprometidos a promover y fortalecer la paz y la seguridad en el Hemisferio” (OEA, 28 de octubre de 2003, p. 1).

En el Libro blanco se identifican las amenazas y riesgos para el Ecuador, y en concordancia con lo señalado en la DSA, se entiende por amenaza a los “fenómenos, elementos o condiciones de naturaleza antrópica, caracterizada por su capacidad, motivación e intencionalidad de atentar contra los intereses vitales o estratégicos del Estado” (Midena, 2018, p. 50). En cambio, los riesgos, según la misma fuente:

[...] son considerados como condición interna o externa generada por situaciones de origen natural o antrópico que pudieran afectar a la seguridad y defensa del Estado; su posibilidad de ocurrencia es incierta. En caso de no ser

identificados oportunamente o no implementar acciones preventivas podrían traducirse en manifestaciones de peligro. Los riesgos causados por el hombre pueden convertirse en amenazas una vez que se identifique su motivación, capacidad e intención. (p. 52).

Ahora bien, respecto de los términos defensa y seguridad, para dotarlos de significado se debe señalar que en el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 (en adelante, CRE), se determina que las Fuerzas Armadas (en adelante, FF. AA.) “tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial” (CRE, 2008). Desde la jurisdicción militar el término “defensa” implica la presencia de una agresión, es decir, cuando existe la presencia de un enemigo o el que está constituyéndose como una amenaza directa. Por esta razón, al hablar de defensa nacional se lo está haciendo sobre la presencia de amenazas que están agrediendo a los elementos esenciales constitutivos del Estado.

Entretanto, el término “seguridad” implica estar frente a situaciones de orden quebrantado, es decir, no hay enemigo, no hay agresión externa, sino que existe un quebrantamiento del orden político-jurídico en el ámbito interno. En este contexto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armas es el organismo que dirige el campo estratégico-militar y el Ministerio de Defensa Nacional, en el campo político-administrativo.

Tradicionalmente la seguridad ha sido concebida considerando las amenazas externas; sin embargo, los tiempos actuales exigen que la mirada se amplíe. Así, para analizar los temas relacionados con la seguridad no es suficiente hacerlo solo desde la perspectiva militar, sino desde una mirada multidimensional, en la cual se encuentran, por ejemplo, la política, lo socioeconómico, la cultura, el medioambiente, en fin, la seguridad humana.

La Asamblea General de la OEA, ante la aparición de nuevos actores que amenazan la seguridad de las personas y la soberanía e integridad territorial y los recursos estratégicos de los países en el mundo; tales como, narcotráfico, terrorismo, grupos armados ilegales, delincuencia organizada, entre otros, adoptó en Bridgetown, en 2002, un enfoque multidimensional de la seguridad que introduce otras formas para la prevención y gestión de las crisis. (Gobierno de la República del Ecuador, 2018, p. 10)

En ese sentido, para analizar el problema de inseguridad de la frontera norte colombo-ecuatoriana, una de las principales problemáticas que se ha identificado, con relación a este tema, es el componente

socioeconómico. Según recientes estadísticas, los niveles de pobreza a escala nacional se estima en el 24,5%, de los cuales 43% se ubica en el sector rural, especialmente en zonas indígenas de la sierra y oriente ecuatoriano, y en las zonas urbanas de la costa, entre las cuales se destacan las provincias fronterizas del Ecuador (INEC, junio de 2018).

En correspondencia con lo anotado, en las zonas de mayores niveles de pobreza y desempleo, como es el caso de provincias como Esmeraldas, la población es más susceptible de involucrarse en actividades ilícitas. Allí toman contacto, por ejemplo, los grupos irregulares armados (GIA) y el crimen organizado, principales amenazas según la nueva Política de la Defensa, porque se aprovechan de esta vulnerabilidad para que los pobladores sean reclutados de una manera forzosa o no, y coadyuven a cumplir los objetivos y metas de estos grupos, especialmente el del narcotráfico al cual el vecino país de Colombia ha combatido por muchos años.

Es así que el Estado colombiano por más de cinco décadas ha sido afectado por conflictos internos, liderados por grupos irregulares que, por sus manifestaciones de violencia y sus consecuencias, han incidido de forma nociva en el desarrollo social

y cultural de su población. Uno de los grupos que más daño ha provocado al pueblo colombiano son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP). Este grupo es el más antiguo y con mayor influencia negativa en Colombia y la región, debido a que por su forma de actuar ha causado miles de asesinatos, secuestros, extorsiones, daños a la infraestructura gubernamental y propiedad privada, desplazamientos, afectación a la población civil. Con el transcurso de los años, las FARC-EP han dejado a un lado sus objetivos políticos y buscan beneficios personales mediante su relación directa con el narcotráfico, crimen organizado, tráfico de armas, delincuencia organizada, etc.

[...] mientras las Fuerzas Militares despliegan competencias con apego a la ley y procurando la sana convivencia social mediante ejercicios de acción integral que general un provechoso clima de armonía, entendimiento y colaboración con la población y, particularmente, con los grupos de iniciativa ciudadana, las guerrillas se sienten autorizadas a atacar a los unos y a los otros bajo la falsa creencia de que el uso intensivo e indiscriminado de la violencia es productivo [cuanto], en verdad, no es más que un reflejo de simple aventurerismo revolucionario].

Al hablar del conflicto interno colombiano, se determina que una de las principales causas para su aparecimiento es el narcotráfico. Esto se puede evidenciar con datos estadísticos; por ejemplo, desde el año 2013 los sembríos de coca en Colombia han aumentado a un ritmo promedio del 45% por año. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y los delitos (UNODC, por sus siglas en inglés), del 2016 al 2017 se ha incrementado el 17% en las áreas netas de cultivos de coca y el 33% de áreas productivas. Así, en Colombia, hasta el 31 de diciembre del 2017, existen aproximadamente 171 000 ha de sembríos de coca repartidas en todo el país. De este aumento, se considera que el 7% se dio en el departamento de Nariño (frontera con Ecuador) constituyéndose el municipio de Tumaco en el más afectado por los sembríos de coca, y el 64% de aumento corresponde a los departamentos de Antioquia, norte de Santander, Cauca y Putumayo (este último también frontera con Ecuador) (UNODC, 2018).

Según el informe del monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017 de la UNODC, en algunos departamentos el aumento de los sembríos y producción de coca es muy elevado y causa alarma en la región. La posible razón, en gran parte, se debe al acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, debido a que el Gobierno durante este tiempo centró sus esfuerzos en el cumplimiento del acuerdo, dejando la erradicación de coca a un segundo plano.

En el 2017 se produjo una transición en la estrategia de la lucha contra los cultivos de coca, reduciendo las aspersiones aéreas y dejando a las fuerzas militares el trabajo de la erradicación forzosa mediante patrullajes y operaciones militares en contra del narcotráfico. Paralelamente a esto, el Gobierno fomentó el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que busca una erradicación voluntaria por parte de los cultivadores, acogiéndose a los acuerdos para lograr territorios continuos y libres de coca (ODC, 2018).

Dicho de otra manera, los sembríos de coca y el poder del narcotráfico va en aumento en el vecino país de Colombia, evidenciándose la agudización del problema cuando los narcotraficantes, acosados por el Gobierno colombiano, buscaron nuevas estrategias, alejándose de áreas urbanas y rutas de comunicaciones para contar con mayor autonomía en sus actividades ilegales. Las zonas escogidas por los narcotraficantes son zonas que operaban las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los corredores del Pacífico Sur, Putumayo-Caquetá y región central.

Actualmente estas zonas estarían bajo el control de grupos ilegales de disidentes.

En el informe de la UNODC (2018), se puede determinar que los sembríos de coca han aumentado con mayor incidencia en las fronteras con Venezuela y Ecuador; de modo que en los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander se concentra el 60% del total de hectáreas de sembrío de coca de Colombia, 103 568 ha de 171 000 ha que posee Colombia hasta diciembre del 2017.

Figura 2. Cantidad de hectáreas de cultivos de coca de

Municipios colombianos frente a Ecuador.

Fuente: Informe de la UNODC 2018.

Al problema que Colombia tiene con el narcotráfico, se le suma actualmente el de las disidencias y su relación con esta actividad. Después de haber transcurrido más de dos años del acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, la desmovilización y la entrega de las armas en noviembre del 2016 conllevó algunas consecuencias negativas a este proceso, debido a que más de 1200 disidentes de las FARC decidieron no acogerse al acuerdo de paz (Álvarez, Pardo y Cajiao, 2018, p. 37), constituyéndose poco a poco en GIA, denominación que se les da en Ecuador. Los GIA buscan por todos los medios posicionarse en los negocios ilícitos en Colombia y en la frontera colombo- ecuatoriana y han pasado a ser parte de las amenazas híbridas cuyos actos delictivos de acción violenta, pretenden causar terror en la sociedad. (Gobierno de la República del Ecuador, 2018).

La tabla 1 presenta a los principales grupos irregulares armados y redes delincuenciales, que operan a lo largo de la frontera norte desde zonas circundantes a Mataje (Esmeraldas); el Chical, Rumichaca y El Carmelo (Carchi); Santa Rosa de Yanamuro (Sucumbíos).

Los disidentes, conocidos también como bandidos comunes, crimen organizado residual, desertores, según Álvarez, Pardo y Cajiao (abril de 2018), de la organización de Fundación Ideas para la Paz (FIP), son grupos ilegales que pertenecieron a las FARC-EP, y que no se acogieron al acuerdo de paz, por lo que volvieron a empuñar las armas, y se organizaron para controlar los territorios que antiguamente eran utilizados por las FARC-EP y el ELN. Respecto de los motivos

para su aparición: “Tanto el Gobierno colombiano como las FARC han insistido en que el surgimiento de las disidencias obedece a objetivos exclusivamente criminales y ambiciones personales disfrazadas de intereses ideológicos y políticos (ibíd., p. 35).

[...] la aparición de las disidencias se relaciona directamente con el crecimiento de los cultivos ilicitos en zonas a donde no es posible llegar con

Fuerza Publica para combatirlas (Caracol Radio, 2016; El Pais, 2017). Una visión similar tienen Luis Eduardo Celis, asesor de Redprodepaz, y Jorge Restrepo, di- rector del CERAC, quienes consideran que se trata de estructuras pequeñas que están motivadas fundamentalmente por un tema de recursos (Publimetro, 2017; Semana, 2016). El portal InSight Crime señala que el narcotráfico y la extorsión son los principales objetivos de estos grupos (InSight Crime, 2017). (Álvarez, Pardo y Cajiao, abril 2018, p. 36).

Actualmente, según información de la misma fuente, existen de 16 a 18 estructuras armadas operando en 13 de 32 departamentos en Colombia; estos grupos no cuentan con una estructura bien establecida y jerarqui- zada como lo tenían las FARC-EP; al contrario los di- sidentes actúan como federaciones, mediante las cuales coordinan de acuerdo con intereses comerciales, en vez de actuar como una organización bien estructurada y coherente (ibíd.).

Grupos de disidentes.

Fuente: Archivo de Inteligencia Militar.

¿Cuáles son las causas para que produzcan las disidencias? Hay varias razones, por ejemplo: los incentivos económicos, relacionados con la explotación a muy bajo costo de recursos naturales (minería ilegal) y cultivos ilícitos (marihuana y cocaína); de esta forma consiguen financiar sus actividades armadas. Otra razón tiene que ver con los cambios generacionales y la competencia en el liderazgo para comandar estos grupos; así sucedió, por ejemplo, con ‘Gentil Duarte’, del Frente 1, quien en junio de 2016 se separó por el desacuerdo entre algunos grupos de las FARC al no sentirse representados en las negociaciones de la paz en La Habana (Álvarez, Pardo y Cajiao, 2018, p. 48).

Las políticas contrainsurgentes también son otra de las razones para que surjan las disidencias. En otras palabras, “Las disidencias también pueden surgir como resultado de políticas gubernamentales dirigidas

a neutralizar a los principales líderes de los grupos rebeldes, lo que puede causar temores e incertidumbre entre los mandos medios y la tropa” (ibíd., p. 49).

Otra de las razones tiene que ver con las divisiones que se producen en la sociedad, lo cual estimula la disgregación de los grupos armados (Kalyvas, 2006, citado por Álvarez, Pardo y Cajiao, 2018, p. 49).

Las políticas de paz constituyen otra razón para que se produzcan las disidencias:

El inicio y desarrollo de un proceso de paz influye en la formación de disidencias porque crea divergencias entre quienes lo apoyan y los que prefieren mantenerse en la guerra (Cronin, 2011; Stedman, 1997; Pearlman, 2008, 2009). En otras palabras, las negociaciones de paz entre el Estado y el grupo rebelde pueden ser responsables del aumento de la fragmentación y la violencia (Kydd & Walter, 2002). (Álvarez, Pardo y Cajiao, 2018, p. 50)

Analizadas estas dos causas del conflicto colombiano, como es el aumento de cultivos de coca y el surgi- miento de las disidencias, se puede determinar la co- yuntura y la relación directa entre estas dos variables, las cuales promocionan y tienen como fin común el incentivo y protección del narcotráfico. Esto se debe a que detrás de esta amenaza regional existen carteles mexicanos que inciden directamente en la promoción y legalización de esta actividad ilícita, para lo cual han adoptado estrategias para que este “negocio” resulte más efectivo y menos riesgoso de ser detectado por la fuerza pública, por lo cual establecieron un esquema de división de tareas en el cual unos frentes estarían a cargo de los cultivos, otros frentes de los laboratorios de procesamiento de pasta base, y, finalmente, otros de los cristalizadores; de esta manera, en caso de capturas u operativos militares, no perder la totalidad de esta actividad ilícita.

En los últimos años se han fortalecido estas actividades ilícitas (cultivo de coca-disidencias), principalmente en zonas de frontera ( Nariño-Putumayo en Colombia y Esmeraldas-Carchi-Sucumbíos en Ecuador), debido a que el narcotráfico financia a todas las organizaciones ilegales como las bandas criminales y delictivas (Bacrim), que operan al servicio de sus intereses y que proveen de armamento, munición, explosivos, precursores para el procesamiento de la droga, etc. También existe el apoyo y promoción incondicional del narcotráfico a los GIA, lo que ha permito el posicionamiento y “gobernanza” de los GIA en los territorios fronterizos, para cumplir con este fin estos grupos ilegales han cambiado sus estrategias de empleo, volviendo a la “guerra de guerrillas” y acoplando sus técnicas, tácticas y procedimientos convencionales

con tácticas irregulares, asimétricas lo cual constituye un conflicto “híbrido”, para contrarrestar la estrategia militar colombiana, que ha tenido éxito en los últimos años contra los grupos de la FARC y ELN.

¿Qué es ‘conflicto híbrido’ también llamado ‘guerra híbrida’? Este tipo de conflicto se da cuando los escenarios de la batalla son imprecisos, “sin frentes identificables y con escasa distinción entre fuerzas regulares combatientes y grupos irregulares armados” (Locatelli, 19 de marzo de 2018). De este concepto también se derivan otros relacionados con, por ejemplo, las ‘amenazas híbridas’ o los ‘escenarios híbridos’.

Las amenazas hibridas –combinaciones diversas y dinámicas de capacidades convencionales, irregulares, terroristas y criminales– haran difícil la utilización de enfoques singulares, siendo necesario soluciones hibridas e innovadoras que impliquen nuevas combinaciones de todos los elementos del poder nacional (Casey, 2008, citado por Sánchez, 2012, p. 16).

Uno de los procedimientos de este conflicto híbrido es que los GIA evitan por todos los medios las concentra- ciones de elementos, evitando ser detectados por los aviones de inteligencia colombianos y norteamerica- nos, por lo que se dividen en cuadrillas tácticas y evitan por todos los medios utilizar la comunicación mediante radios, telefonía y celulares para eludir las deteccio- nes y bombardeos. Estos grupos operan, sobre todo, en forma aislada y en la frontera colombo-ecuatoriana, especialmente en los sectores aledaños a los corredores del Pacífico Sur y del Putumayo-Caquetá, por la débil presencia institucional y militar de Colombia en este sector y por las condiciones geoestratégicas propicias para el desarrollo de estas actividades ilícitas, lo que

ha producido que las mismas sobrepasen la frontera y se conviertan en amenazas latentes para Ecuador (ver imágenes 5 y 6).

Los grupos irregulares armados, que inciden negativamente en la seguridad y defensa, especialmente en la zona de frontera empleando técnicas terroristas, secuestro selectivo y extorsión para alcanzar sus objetivos ilícitos. Tienen como principal fuente de financiamiento al narcotráfico, causando afectaciones en los ámbitos político, económico y social del Estado.

El crimen organizado, conformado por grupos de personas, que tienen como principal objetivo la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos que buscan alcanzar el poder económico, político o social. Esta amenaza está asociada con el tráfico de armas, municiones y explosivos, el narcotráfico, tráfico de personas, tráfico ilícito de inmigrantes y el contrabando de mercancías. (Midena, 2018, p. 52)

En ese contexto, la Política de defensa, seguridad y desarrollo para la frontera norte, promovida por el Gobierno ecuatoriano, por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, para el caso de la frontera colombo- ecuatoriana, aporta lineamientos claves para enfrentar las actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada. Sin embargo, es claro que “El efecto de la interdependencia producida en estas zonas fronterizas, acentúan las vulnerabilidades de los Estados e incrementan las posibilidades de tensión y fricción en la dinámica propia de las mismas, generando ambientes de inseguridad y la internacionalización de conflictos internos” (Gobierno de la República del Ecuador, 2018, p. 4).

SALIDA

INGRESO

INGRESO

El conflicto híbrido que sucede en la frontera colombo-ecuatoriana abarca el campo militar, económico, político, social, psicosocial, científico- tecnológico, etc.; es decir, el escenario es complejo lo cual constituye un desafío para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, integrar los Sistemas Operativos del Campo de Batalla (SOCB), como son la maniobra, mando y control, inteligencia, apoyo de ingeniería, apoyo logístico, apoyo de fuego, guerra electrónica y seguridad.

La pregunta es: ¿cómo lograr modernizar, desmasificar, formar y mantener alistadas unidades de despliegue rápido, innovar en materia de industria militar y lograr una superación tecnológica constante, con una política defensiva que prioriza la cooperación con un presupuesto bajo en el área?. Como mínimo se necesitan unas fuerzas armadas flexibles para cumplir con los requerimientos políticos cambiantes, enfrentando dificultades en el mantenimiento de cuadros, la necesidad de cumplir con estándares profesionales equivalentes a otros países, y todo con posibilidades materiales muy limitadas. (Malamud, 2014, p. 653)

Si bien, la reflexión de Malamud es del contexto argentino, lo cierto es que conflictos como el que se vive en la frontera colombo-ecuatoriana constituyen nuevos

escenarios que corresponden con nuevos desafíos que las Fuerzas Armadas ecuatorianas deben enfrentar, lo cual acarrea cambios organizacionales o transformaciones que deben efectuarse permanentemente.

Ecuador, por intermedio de sus FF. AA., ha tomado acciones para contrarrestar y minimizar los daños colaterales del conflicto colombiano, por ejemplo, implementando nuevas estrategias en las operaciones; modificando conceptos y definiciones de empleo en el ámbito interno y el entrenamiento en el mismo, con el fin de hacer frente a la mutación táctica de las nuevas amenazas como son los GIA, narcotráfico y crimen organizado transnacional. Todo ello sin descuidar el rol fundamental relacionado con la defensa de la soberanía e integridad territorial. Se efectúan operaciones militares de ámbito interno y externo, como son operaciones de vigilancia del espacio terrestre, acuático, aéreo y ciberespacio; operaciones de apoyo a la seguridad integral, actividades de apoyo al desarrollo nacional, y operaciones militares para contribuir a la paz mundial. Este accionar, desde la perspectiva de Malamud (2014), podría denominarse como unas fuerzas armadas flexibles para enfrentar nuevos escenarios intraestatales (conflictos asimétricos irregulares), sin dejar de lado, claro está, la atención a escenarios interestatales (conflictos convencionales). Ver la tabla 2.

Para continuar y mejorar en este proceso de transformación y adaptación de las FF. AA. ante los nuevos escenarios en contra de la seguridad nacional e integral de Ecuador, es necesario que el Estado invierta urgentemente en la tecnificación y modernización de armamento, material, equipo, comunicaciones, sistemas de inteligencia, contrainteligencia, ciberdefensa, guerra electrónica, etc., con el fin de mejorar las capacidades operativas para actuar en forma oportuna ante amenazas y riesgos que atenten la seguridad, más aún cuando en casos como la frontera norte se vuelve un escenario permeable y conflictivo, por la cual ingresan los GIA, pertenecientes a las disidencias colombianas, lo que repercute en mayores niveles de narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, trata de personas, delincuencia común, tráfico de armas y municiones.

El soldado flexible debe adaptarse a un nuevo tipo de organización: tener el entrenamiento necesario para misiones de guerra en términos convencionales (enfrentamientos interestatales) y simultáneamente para operaciones militares en marcos más difusos, como aquellas que se desarrollan en conflictos intraestatales. (Malamud, 2014, p. 643)

Se considera que la frontera colombo-ecuatoriana es muy extensa y, en ciertos lugares, es permeable debido a la falta de control militar del lado colombiano y a la gran influencia negativa de estas actividades ilícitas, lo cual pone riesgo la legitimidad político-jurídica del Estado en estos sectores del país, debido a que estos grupos irregulares armados y los tentáculos del narcotráfico tratan por todos los medios que la población más vulnerable piense que este tipo de actividades representan la única alternativa de ingresos y sostenimiento en el sector.

Debido a esas circunstancias y antes de que estas amenazas se fortalezcan en Ecuador, las FF. AA. incrementaron las medidas activas para debilitar esta estructura ilegal, aplicando estrategias militares como la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, mediante la cual en el último semestre del 2018 se incrementaron los controles militares, patrullajes terrestres, fluviales y aéreos; además, se reforzaron los destacamentos militares y se incrementó la presencia militar a lo largo de toda la frontera norte. Así, se neutralizan parcialmente las amenazas y riesgos en este sector del país; sin embargo, se considera que todas estas acciones positivas deben ir de la mano con acciones preventivas por parte de la mayoría de instituciones del Estado, debido a que la seguridad nacional es integral y posee un carácter multidimensional en la que se relacionan, por ejemplo, los ámbitos militar, político, socioeconómico, cultural medioambiental, científico- tecnológico.

Por tal motivo, el Estado debe orientar sus esfuerzos hacia la consolidación de estrategias y políticas que respondan a las necesidades políticas, económicas

y sociales en la frontera norte, promoviendo a toda costa el desarrollo e integridad del pueblo, mediante la creación y ejecución de proyectos de educación, vivienda, trabajo, alimentación, salud, justicia, servicios básicos, apoyo incondicional a los campesinos, agricultores, pescadores, comerciantes, y pobladores más vulnerables y desprotegidos del área rural de la frontera, donde se evidencia pobreza. De esta forma, se evitará que estas amenazas y riesgos atenten contra la seguridad o estabilidad interna del país.

Cabe concluir con una reflexión interrogativa final dentro del contexto de lo revisado en este artículo. ¿Se debe considerar a corto plazo, el cambio o adaptación de una nueva doctrina de las Fuerzas Armadas del Ecuador acorde con las amenazas y riesgos actuales, mediante un equipo multidisciplinario e intergeneracional que permita, de una manera integral, analizar las operaciones militares con base en las necesidades de seguridad y defensa, así como de las actividades de apoyo del Estado? La respuesta demanda reflexiones y estudios desde la academia y otros sectores.

[1]Álvarez, E., Pardo, D., y Cajiao, A. (abril de 2018). Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC. Serie Informes No. 30. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz (FIP). Recuperado de http://ideaspaz.org/media/website/ FIP_Disidencias_Final.pdf.

[2]Ecuador. Constitución de la República del Ecuador [CRE] (2008).

[3]Gobierno de la República del Ecuador (2018). Política de defensa, seguridad y desarrollo para la frontera norte.

Quito: Instituto Geográfico Militar.

[4]Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC] (junio de 2018). Reporte de pobreza y desigualdad. Recuperado de http://www. ecuadorencifras.gob.ec/documentos/ web-inec/POBREZA/2018/ Junio-2018/Informe_pobreza_y_ desigualdad-junio_2018.pdf.

[5]Locatelli, O. (19 de marzo de 2018). La amenaza de la ‘guerra híbrida’. Defonline. Recuperado de http:// defonline.com.ar/la-amenaza-de-la- guerra-hibrida/.

[6]Malamud, M. (octubre-diciembre 2014). El nuevo “militar flexible”. Revista Mexicana de Sociología, 76(4), 639-663.

[7]Ministerio de Defensa Nacional [Midena] (2018). Política de la Defensa Nacional del Ecuador ‘Libro Blanco’. Quito: Instituto Geográfico Militar.

[8]Observatorio de drogas de Colombia [ODC] (2018). Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Recuperado de http://www.odc.gov.co/acuerdos_ habana.

[9]Organización de los Estados Americanos [OEA] (28 de octubre de 2003). Conferencia especial sobre seguridad. Ciudad de México, 27 y

28 de octubre de 2003. Recuperado de https://www.oas.org/36ag/espanol/ doc_referencia/DeclaracionMexico_ Seguridad.pdf.

[10]Sánchez, F. (2012). El conflicto híbrido: ¿una nueva forma de guerra? (pp. 11-23). En: El enfoque multidisciplinar en los conflictos

híbridos. España: Ministerio de Defensa / Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

[11]Valencia, G. (2015). Vicente Torrijos. Cartografía del conflicto: pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano. Debates, (72), 61-67. Recuperado de http://bibliotecadigital.udea.edu. co/dspace/bitstream/10495/5189/1/ ValenciaGerman_2015_Vicente TorrijosCartograf%C3%ADa Conflicto.pdf.

[12]UNODC (2018). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017. Colombia: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Recuperado de https:// www.unodc.org/documents/crop- monitoring/Colombia/Colombia_ Monitoreo_territorios_afectados_ cultivos_ilicitos_2017_Resumen.pdf.