Introducción

El contexto mundial desde hace varios años está marcado por la influencia de múltiples variables políticas,económicas,tecnológicas,sociales,ambientales y otras que provocan que las transformaciones en los países, regiones y organizaciones sean cada vez más aceleradas e impredecibles. En este sentido, el concepto de seguridad ha requerido evolucionar y adaptarse a las transformaciones que acarrea la globalización y sus efectos sobre la dinámica social, tanto en el ámbito local como internacional, reconociendo innumerables

amenazas de diverso tipo.

Especialmente, debido a la crisis internacional derivada de la pandemia por coronavirus COVID-19, se han profundizado las graves problemáticas existentes y planteado importantes retos al enfrentarse la humanidad a la ruptura de paradigmas y modos de actuación adoptados durante las últimas décadas, demostrando así que la seguridad internacional marca a la agenda de política internacional cada vez más. La premisa en el manejo de la crisis sanitaria por parte de los gobiernos y organismos multilaterales es que no se convierta en una crisis de seguridad, considerando que los aspectos económicos son menos controlables en ese sentido, y que se han hecho más potenciales la sensibilidad, vulnerabilidad de los países, incertidumbre de las relaciones internacionales e insuficiente capacidad de cooperación como base hacia el desarrollo equitativo. Tómese en cuenta que, de acuerdo a numerosos autores, la cooperación regional tiene la capacidad de atenuar las amenazas asimétricas que en el orden de seguridad se manifiestan en la actualidad.

Precisamente en este contexto, el empleo de las tecnologías, redes sociales, Internet y otros recursos similares han mostrado su potencial de favorecer a la comunicación entre personas alrededor del mundo, y también en un sentido más subliminal, influir en la ideología, comportamiento y proyección de los individuos o grupos, con un doble sentido que ha llegado a convertirse en uno de los principales retos de seguridad en todos los países del mundo. En este sentido, en el trabajo se realiza un análisis de las nuevas amenazas con un carácter global y particular para el contexto latinoamericano en las actuales condiciones.

A lo anterior se unen las amenazas que han persistido por muchos años, como el terrorismo, el tráfico humano, de drogas, la delincuencia, los vicios, la inseguridad alimentaria, entre otros. Específicamente, el terrorismo ha sido reconocido como la principal amenaza de seguridad que enfrentan los países occidentales, ampliando su alcance local hasta niveles globales, generando un miedo a nivel mundial. Estas amenazas, por lo general, han requerido de la intervención de los organismos de la fuerza pública como Fuerzas Armadas, policía y otros, que cada vez más requieren de un accionar integrado con base en la política pública con principios de gestión territorial de la seguridad, convivencia y coexistencia.

Otro aspecto que ha influido en el contexto de seguridad nacional es el geopolítico y geoeconómico, estableciendo las denominadas “amenazas híbridas” que combinan dichos factores a través de ataques económicos, guerras y otros recursos que atentan contra el bienestar de las poblaciones y la estabilidad de gobiernos.

Los cambios geopolíticos han influido en la evolución de las amenazas globales, imponiendo la necesidad de que los Estados, las instituciones y los organismos multilaterales modifiquen sus métodos de trabajo y adopten estrategias de trabajo que les permitan evolucionar conforme ocurre en su contexto, que a su vez es muy particular para cada región, lo que en el trabajo se realizará para el caso lationamericano. Este es un factor al que se le dedican numerosos estudios en relación a su influencia sobre diversos temas de seguridad y defensa, y otros factores de la vida social y económica de las naciones.

El aspecto económico será abordado en el trabajo considerando que históricamente esta ha sido un arma de defensa y se ha empleado como herramienta y ventaja en las estrategias de seguridad, defensa y poder de los Estados.

El factor económico, unido a otros como las deficientes políticas públicas en educación implican en muchos casos una seria amenaza para la seguridad de los países al propender a que los jóvenes no logren insertarse de forma estable al mercado laboral, y sí a la participación en actividades criminales y/o delictivas.

Los retos que enfrentan los gobiernos e instituciones son, además de los ya anteriormente mencionados, el lograr un alto nivel de confianza y credibilidad, que únicamente pueden obtenerse a través de un trabajo sistemático, preventivo y el planteamiento de soluciones anticipadas a las necesidades de seguridad que se presentan actualmente a nivel mundial, y específicamente en la región latinoamericana, a la cual se dedicará un espacio importante en el presente trabajo.

Las problemáticas de seguridad fundamentales en América Latina en las últimas décadas se han centrado en la movilidad humana, la migración, el tráfico de personas, de drogas, el crimen organizado (en algunas ocasiones transnacional), la inseguridad y falta de confianza hacia las instituciones, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la inequidad y otras muchas que han sido efecto de décadas, y siglos de una gestión gubernamental deficiente e inestable. Asimismo, en los países latinoamericanos persiste un pensamiento soberanista que pone en peligro aspiraciones más altas como lograr un proceso de integración regional, el desarrollo de la cooperación multilateral y la participación en misiones de paz, como vía de proyectarse como actor clave en el ámbito de la seguidad internacional. Lo anterior será profundizado a continuación en el desarrollo del trabajo, el cual tiene como objetivo precisamente analizar las nuevas amenazas a la seguridad en el contexto latinoamericano; para lo cual se aplicará un enfoque sistémico a partir de

fuentes bibliográficas actuales, que permita determinar aspectos de interés para profundizar en la temática.

Desarrollo

1. La seguridad en el contexto actual

Los estudios de seguridad cada vez más ocupan un lugar importante en las agendas nacionales, regionales e internacionales (Cózar, 2017), incrementándose, por tanto, los aportes teóricos y prácticos en tal sentido que permiten que las organizaciones a todos los niveles estén en mejor capacidad de enfrentar los riesgos y amenazas inherentes.

La seguridad es conceptualizada por la Real Academia Española como “cualidad de seguro” (RAE, 2018). De acuerdo a Jaime, de la Corte & Blanco (2014, pág. 4) se le puede reconocer como “una aspiración que conecta con las motivaciones humanas básicas de perseverar en la propia existencia, obtener placer y bienestar, y, asimismo, evitar el dolor o cualquier otra forma de daño”. El enfoque que da en su trabajo Lucio (2020) es muy interesante, al plantear que “términos como seguridad interna, integral, humana, nacional, social, colectiva, muestran una amalgama de concepciones para definir realidades complejas. Sin embargo, al final del día, estas diferentes concepciones presentan los valores que resguarda una sociedad ante las amenazas que se desarrollan en cada unidad en las relaciones sociales, es decir: individuos, sociedades y estados en el ámbito internacional” (pág. 174).

Todos los estudios predictivos que se han realizado en los últimos años demuestran que en el futuro se acentuarán el riesgo, la incertidumbre y el cambio volátil en los aspectos político, social, económico, tecnológico, cultural, de derechos y otros, lo que modificarán el comportamiento y actitudes del hombre, el Estado y otras estructuras sociales (Cano, 2020). Esta autora manifiesta que las principales tendencias emergentes hacia 2030 se darán en los siguientes factores: ecosistemas digitales; tensiones geopolíticas; naturaleza del trabajo; dinero digital; convergencia tecnológica; ciber conflictos, cibercrimen y ciberataques; inteligencia colectiva; educación 4.0; riesgos líquidos y liderazgo resiliente. Como se observa, el factor crítico en relación a estas tendencias es precisamente la tecnología, lo que implica que los enfoques tradicionales de seguridad deban modificarse y evolucionar en este sentido.

Con base en Fernández (2019, pág. 5), el concepto de seguridad se enfrenta a un nuevo paradigma, considerándose que “ha de ser contemplada como un concepto evolutivo y transnacional, que no conoce fronteras, afectando directamente a las personas allá donde se encuentren, la seguridad no se puede parcelar”. Este concepto se acopla al interés del presente trabajo ya que plantea un desafío para los Estados, implicando que de la tradicional visión de seguridad en el ámbito penal y policial, esta trasciende a los derechos civiles, sociales y políticos, donde problemáticas como la pobreza, la exclusión social, la pérdida de confianza en

las instituciones y otras, también deben ser de interés de las instituciones públicas con esta función.

En este sentido, Lucio (2020) plantea la evolución del concepto de seguridad nacional hacia el de seguridad integral, que muestra una visión antropocéntrica que coloca en el centro de preocupación la protección de los individuos y su relación con el medio ambiente, donde prevalece un Estado garante de derechos. La concepción de seguridad humana de acuerdo a este autor “va mucho más allá de contrarrestar las amenazas a la propiedad privada en el plano individual o en el territorio en cuanto al estado, ya que se centra en la protección de amenazas en contra de la vida humana y su dignidad en los ámbitos económico, alimentario, medio ambiente y salud, y establece niveles individuales, sociales y estatales para su concretización” (pág. 181).

La seguridad integral requiere asimismo, institucionalizarse sobre la base de una doctrina donde converjan los aspectos interno y externo, la gestión y prevención de riesgos, y la articulación de actores estatales y de la sociedad civil. En relación al enfoque de seguridad integral, Romero (2020) indica que se requiere aunar actores estatales y no estatales, integrar diversos ámbitos de actuación de estos, así como crear herramientas para detectar de forma temprana riesgos, desafíos y amenazas. En relación a este particular, resulta importante el empleo de herramientas y técnicas de planificación que permita modelar las relaciones de actores, aplicar métodos prospectivos y de proyección.

La gestión prospectiva es sumamente útil en este tipo de estudio, al permitir diseñar escenarios donde se evalúen los riesgos a futuro y se planteen líneas alternativas de acción donde pueden considerarse variables de todo tipo (económicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas, entre otras), coincidiendo por ende, con el carácter o naturaleza de las amenazas potenciales en el ámbito de la seguridad. Esta es una de las herramientas más novedosas que en la planificación permite visualizar el efecto de numerosos aspectos del pasado, el presente y el futuro en la gestión institucional.

La seguridad humana plantea que las necesidades de los individuos primen por encima de cualquier otro interés, como refiere Salimena (2020) en cuanto a la necesidad de que este enfoque prime, en la actual crisis sanitaria por coronavirus COVID-19, donde las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad han tenido que dispersarse para brindar cooperación y ayuda a la sociedad civil, apoyando en el despliegue de equipos y recursos médicos y sanitarios hacia comunidades y localidades aisladas, así como empleando las fuerzas de control cuando son requeridas, sin obviar nunca el carácter legitimador de los derechos humanos que debe prevalecer en los esfuerzos públicos (Stang, 2016).

Muchos autores reconocen la necesidad de que en los países y entre estos, se practique la coexistencia como premisa para lograr un efectivo ejercicio de deberes y derechos ciudadanos, basada en una gestión pública de seguridad ciudadana, que promueva la

confianza y credibilidad institucional (Toro & Motta, 2017). La transparencia y credibilidad del Estado y sus instituciones ha sido históricamente una aspiración en la mayoría de países del mundo, pues se convierte en premisa para la creación e implementación de políticas públicas estables y con capacidad de cambiar las problemáticas socioeconómicas que no han logrado ser superadas.

Las estrategias actuales de seguridad que impulsan países como los europeos, plantean la necesidad de ser repensadas desde lo local, “haciéndola partícipe de los objetivos trazados en los diferentes niveles” (Fernández, 2019, pág. 10), lo que implica superar la tradicional visión atomizada de las estructuras públicas, el desconocimiento o la desconfianza hacia los niveles de gestión locales. Es así que, debido a la aparición de nuevos riesgos y amenazas, la interacción entre lo local y lo global, lo interno y lo externo, lo privado y lo público, la aparición de factores emergentes, entre otros aspectos, se ha requerido en muchos países de diseñar e implementar estrategias de seguridad nacional capaces de integrar recursos, actores y acciones encaminados a cumplir con objetivos de interés nacional (Jaime, de la Corte & Blanco, 2014).

Tradicionalmente las amenazas eran identificadas como “la raíz de los conflictos violentos que degradan las condiciones de seguridad en niveles mayores a los aceptables” (Raza, 2017, pág. 35). Sin embargo, hoy es reconocido que las amenazas tienen un carácter más holístico, y no únicamente en el ámbito de defensa. Es así que particularmente en relación a los aspectos tecnológicos se observa la necesidad de que la ciberseguridad trascienda los conceptos, ideas y marcos tradicionales de control, que le permita incrementar su efectividad en el contexto actual y prospectivo (Cano, 2020).

2. La gestión de amenazas

La literatura sobre este tema reconoce que la evolución del concepto de seguridad ha estado relacionada bidireccionalmente con el incremento en número y variedad de amenazas, las que cada vez son más complejas. Sin embargo, ello no implica que una amenaza, entendida como “Dicho de algo malo o dañino: Presentarse como inminente para alguien o algo” (RAE, 2018), sea impredecible o inmanejable. Existe coincidencia entre los autores en cuanto a la importancia de prever, adelantarse y gestionar adecuadamente estos hechos con potencial de afectar la seguridad de los individuos, grupos, países, Estados y regiones.

En cuanto a la gestión de riesgos, Milanés, Galbán & Olaya (2017) consideran que la amenazas pueden ser de origen natural como los movimientos de masa, eventos hidrometeorológicos, fenómenos espaciales, y otros; de tipo antropocéntrico o inducidas, que son provocadas por el hombre, tales como la contaminación, la deforestación y otros que por lo general afectan la salud y bienestar de la sociedad y el entorno; y por último,

las de origen mixto, como la pobreza, las guerras y las catástrofes.

En cuanto a las amenazas de tipo natural, los autores antes mencionados consideran que una herramienta útil para su gestión es su cartografía y zonificación según su valor estimado de peligrosidad, lo que debe realizarse de forma sistemática y estandarizada, si se aspira a obtener resultados a largo plazo y de forma sostenible.

Como parte de las amenazas antrópicas se reconocen cada vez más un espectro de fenómenos con incidencia negativa sobre la sociedad, la economía y el entorno, tales como el terrorismo, el narcoterrorismo, el tráfico de armas, la corrupción, entre otras, identificadas como de tipo híbrido o asimétrica y que atentan en todos los casos contra la seguridad de los Estados. Según Ramírez (2018), sobre este tipo de amenazas es que existe una menor capacidad de análisis a partir del uso de modelos predictivos y herramientas de prospectiva estratégica, lo que las convierte en un foco de preocupación social y político, dado su carácter impredecible.

En relación a las amenazas de forma general, es importante considerar que en cuanto más datos e información de forma anticipada se logren manejar, más fácil resultará tomar decisiones, diseñar modelos predictivos y plantear estrategias de gestión efectivas. El estudio del papel del hombre y la sociedad es fundamental, al considerarse que estos pueden provocar peligros y generar vulnerabilidad, entendida como “el factor interno de riesgo de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado” (Milanés, Galbán & Olaya, 2017, pág. 56).

La evaluación correcta y ponderada de la vulnerabilidad es fundamental para lograr establecer estrategias efectivas de manejo de las amenazas y riesgos, si se toma en consideración lo planteado por Camus, Arenas, Lagos & Romero (2016) sobre el hecho de que los efectos de las amenazas no son homogéneas, sino que se distribuyen con base a los niveles de vulnerabilidad, replicando un poco el estigma de que los sectores y/o países más pobres acogen los mayores efectos.

De forma general, los estudios son claves para una adecuada gestión de las amenazas. De acuerdo con Milanés, Galbán & Olaya (2017, pág. 53), “evaluar la amenaza es “pronosticar” la ocurrencia de un fenómeno con base al estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo. Un pronóstico puede ser a corto plazo, generalmente basado en la búsqueda e interpretación de señales o eventos premonitorios; a mediano plazo. Está basado en la información probabilística de parámetros o indicadores. A largo plazo, se basa en la determinación del evento máximo probable en un período de tiempo que pueda relacionarse con la planificación del área potencialmente afectable”. En el anterior concepto destacan términos muy útiles en esta temática como son: planificación y tiempo, esta

última reconocida como una variable clave en la gestión de riesgos y amenazas.

Lo anterior coincide con lo planteado por Camus, Arenas, Lagos & Romero (2016, pág. 12) en relación a que “la gestión correctiva o compensatoria tiene que ver con el enfrentamiento de las amenazas, mitigando las posible pérdidas sociales a través de preparativos, atención, sistemas de alerta temprana, entre otros”; concepto que permite destacar la importancia de la actividad preventiva o anticipada para minimizar los efectos sociales y económicos, costos de oportunidad y otras pérdidas que se dan en los casos de que no se manejen adecuadamente los riesgos o amenazas.

En el ámbito tecnológico, en los últimos años han proliferado las amenazas de orden informático a través de ciberataques, hackeos, robo de datos y otros, los cuales pueden poner en peligro a instituciones e incluso países, considerando que ambos tienen cada vez más una alta dependencia de sus recursos tecnológicos. Lo anterior ha implicado que cada vez más se dediquen esfuerzos para crear e implementar sistemas de seguridad de la información capaces de manejar y minimizar los riesgos anteriormente descritos. Tal como expresa Nieves (2017, pág. 4), “la seguridad es un elemento fundamental, al cual se debe dar prioridad porque con ello se garantizan confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información e informáticos”. En el trabajo de Dongo (2016) se documentan los efectos de los crímenes cibernéticos sobre diversos países del mundo, especialmente los más vulnerables a los ataques de virus informáticos como son Argelia, Ucrania, Uzbekistán, Corea del Sur, China y Bielorrusia.

El control de estas amenazas es fundamental para la seguridad internacional y la paz, por lo cual los Estados han incorporado esta variable a sus estrategias, adaptándoles a su contexto local (Alvárez, 2019). Este investigador considera que “en el caso específico de la aplicación de las normas del derecho internacional a las operaciones en el ciberespacio, creemos que mientras un mayor número de Estados adopte posiciones públicas sobre la forma en que interpretan esas normas, especialmente en materia de ciberdefensa y el uso de la fuerza en el ciberespacio, otros países podrían actuar de la misma manera” (págs. 1-2). Esta se convierte en una de las nuevas áreas donde la cooperación internacional, la definición de políticas y acciones comunes, también tendrán la capacidad de contribuir a superar las amenazas y riesgos existentes, en un mundo cada vez más interconectado.

Desde hace algunos años, la cooperación se estructura de forma permanente a través de tratados internacionales y regionales, siendo “un mecanismo de cooperación institucionalizado en materia de defensa, en virtud del cual aquellos Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes podrán avanzar más rápido y de forma más estrecha en el desarrollo de sus capacidades militares” (Cózar, 2017, pág. 1100). Lo

anterior tiene efectos además en el ámbito de la política exterior y la seguridad, como muestra de la voluntad y el compromiso político de los países en el sentido de avanzar en los temas de seguridad y defensa. Estas prácticas permiten, además, crear capacidades conjuntas que superen la tradicional fragmentación de los Estados y los organismos multinacionales que no han logrado a lo largo de la historia satisfacer las necesidades sociales y de seguridad de la ciudadanía en específico. Ante la necesidad de enfrentar a las amenazas, la cual es responsabilidad tanto del Estado como del sistema institucional público, el cual a su vez debe generar las sinergias y estrategias de trabajo conjunto con el sector privado, organizaciones sociales y resto de actores nacionales e internacionales con capacidad de influir positivamente en dicho propósito.

3.La seguridad en América Latina en el nuevo contexto

América Latina ha sido históricamente una región marcada por la desigualdad, la inestabilidad política y políticas públicas que no en todos los casos logran satisfacer las necesidades económicas y sociales de sus poblaciones. Según Alda (2018, pág. 44) en la región “la existencia de Estados incapaces de imponer el imperio de la ley en todo el territorio y para todos sus ciudadanos, hace de sus respectivos espacios nacionales un campo abonado para la implantación de redes criminales”. Esta panorámica ha impedido lograr mayores avances en el tema de seguridad, a pesar de los esfuerzos que en lo individual los países de la región han realizado en las últimas décadas, prevaleciendo lo que indican Sanmartín & Uribe (2020, pág. 155) en cuanto a que “el incremento de los niveles de inseguridad en Latinoamérica es una realidad, es por ello, por lo que debe asumirse la responsabilidad de poner como temas preponderantes términos como seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, seguridad humana y seguridad ciudadana”.

En este sentido, las estadísticas indican que América Latina fue la región con la más alta tasa de homicidios en el mundo en el periodo 2008-2013 (Vilalta, Castillo & Torres, 2016). A esta problemática se suman otras como la violencia, el hurto, las bandas criminales, el uso y comercialización de drogas, el desorden social, etc. En dicho estudio se plantean como las principales variables que explican este comportamiento a las siguientes: económica, socio estructural y política.

Adicionalmente, otra de las principales problemáticas que la región ha enfrentado a lo largo de su historia ha sido la movilidad transfronteriza y la migración como el proceso de desplazamiento dentro de los países y entre estos, teniendo como destino final por lo general los Estados Unidos de Norteamérica. Este es a su vez, uno de los principales retos que en el ámbito de seguridad tienen los países latinoamericanos: garantizar que dichos flujos de personas se realicen de forma segura por las diferentes rutas que, por lo general, se diversifican

e incrementan. Las diferentes leyes y políticas que los Estados deben propender a administrar los recursos que garanticen la seguridad de las personas migrantes y en movilidad, especialmente en cuanto a su integridad personal y acceso a servicios básicos (Castillo, 2017). El propio autor manifiesta el vínculo que existe entre las políticas migratorias, de seguridad y relaciones internacionales en el marco de un sistema regional migratorio que ha venido creándose especialmente entre los países centroamericanos. A lo anterior, Stang (2016) añade la necesidad de que se trascienda de las tradicionales doctrinas de seguridad nacional en América Latina a la gobernabilidad migratoria, sobre la base del concepto de que la seguridad es el nexo fundamental entre la migración y el desarrollo.

Con base en Milanés, Galbán & Olaya (2017), el hambre es en la región una de las amenazas más común, generada por diversas causas como las catástrofes naturales, las guerras y la pobreza extrema, que imposibilitan que las familias adquieran la cantidad de alimentos suficiente. A ello se suman otras amenazas como son las de tipo hidrometeorológico, especialmente huracanes, ciclones tropicales y otros fenómenos de ese tipo; la sequía; los sismos; epidemias; contaminación ambiental; entre otros. En este sentido, en la investigación de Camus, Arenas, Lagos & Romero (2016) se expone el caso chileno en cuanto a la capacidad social y estatal de enfrentar de forma efectiva las amenazas naturales, a partir de las complejas condiciones geográficas del país, que ponen a prueba constantemente la capacidad de gestión y las maniobras para emplear de forma segura, óptima y sustentable el espacio.

Este estudio, unido a muchos otros de corte similar, son una muestra de que cada vez más en el continente proliferan los estudios sobre amenazas de seguridad con enfoque integral, especialmente ponderando las variables social y económica; y otras que se enunciarán a lo largo de este trabajo.

Desde el punto de vista geopolítico, la región cada vez tiene una mayor influencia en la agenda global, siendo la principal preocupación la “consolidación de su propio desarrollo social y económico, con la gobernabilidad de sus países y con el fortalecimiento de la seguridad” (García, 2018, pág. 712), entrelazándose una vez más los aspectos económico y social en el fenómeno de la seguridad, las relaciones internacionales y la garantía de derechos de los ciudadanos. Específicamente entre seguridad y relaciones internacionales ha existido históricamente una relación muy significativa, donde confluyen variables como la económica, social, política, militar, tecnológica, y otras.

Otro de los factores con influencia connotada en el desarrollo de las políticas y prácticas de seguridad en la región, son las doctrinas del mundo occidental, y de Estados Unidos en especial, de cuyas relaciones ha dependido en gran medida el desarrollo de las naciones latinoamericanas en el último siglo fundamentalmente. El rol de Estados Unidos como catalizador en unos casos

e inhibidor en otras, ante los procesos de confrontación ideológica, aspiraciones políticas de ciertos grupos especialmente de izquierda y otras manifestaciones geopolíticas en la región, es destacado por Lucio (2020). A ello se une, la cada vez mayor influencia que ejerce China sobre una buena parte de países de la región, contribuyendo a equilibrar la hegemonía de otras potencias (García, 2018).

La baja capacidad de los países latinoamericanos de lograr integrarse y cooperar en diversas materias, y específicamente en el ámbito de la seguridad, según Alda (2018), es uno de los principales obstáculos para avanzar en la proyección internacional de la región y en la solución a las principales amenazas que les afectan. Sin embargo, esta propia autora reconoce que en el continente se han dado avances en los últimos años en el proceso de integración con enfoque hacia la seguridad, a través de la conformación de organismos multilaterales, realización de eventos, convenios entre países y otros.

En el ámbito latinoamericano, Toro & Motta (2017) reconocen la necesidad de una efectiva articulación institucional, el empoderamiento de los ciudadanos que generen su participación en los sistemas de seguridad a través de procesos de innovación social, enfatizando en las poblaciones más desfavorecidas y que han sido víctima de enfrentamientos violentos que aún persisten en algunas zonas del continente, especialmente Colombia. Lo anterior toma cuerpo en lo que Lucio (2020, pág. 182) reconoce como “un nuevo sistema de seguridad integrado en una perspectiva civil, dinámico y adecuado para el nuevo entorno geopolítico internacional”. Esta perspectiva otorga numerosos desafíos para los Estados latinoamericanos, al requerir la sistematización de esfuerzos tendientes a generar políticas públicas y crear instituciones estables con tal propósito.

En relación a la ciberseguridad, en el trabajo de Alvárez (2019) se manifiesta que varios de los países latinoamericanos se encuentran implementando el Convenio de Budapest sobre Cibercrimen, el cual es un instrumento de derecho internacional dirigido a tratar los delitos informáticos de cara a la disminución de las vulnerabilidades de este tipo. Tómese en consideración que los índices de crímenes cibernéticos en la región son altos, estimándose que en 2013 estos costaron a los países cientos de millones de dólares, especialmente en Brasil, México y Colombia (OEA, 2014). Con base en este informe, además de los crímenes con fines financieros, en la zona proliferan las violaciones de datos con exposición de identidades y acceso a información confidencial, con considerables efectos sobre la seguridad de los ciudadanos, las empresas, las organizaciones y el Estado.

El rol de Fuerzas Armadas y otras instituciones castrenses en la región, es destacado por Jaef (2016), al reconocer que amplían su campo de acciones, no únicamente militares, sino de corte socio-económico, ampliando de esta forma su agenda y espectro de

actuación. Este autor igualmente destaca la capacidad creciente de los países latinoamericanos de gestionar multidimensionalmente las amenazas a la seguridad presentes, que como se ha mencionado anteriormente aún no alcanza los niveles esperados, limitando por tanto, su efectividad. Para estas instituciones de la fuerza, es fundamental que se reevalúe la capacidad de manejar amenazas antrópicas asimétricas e híbridas, y los efectos del uso de tecnologías en los procesos sociales; considerándose nuevas técnicas y herramientas de planificación y organización, así como políticas y estrategias institucionales coherentes con los retos y objetivos identificados.

Conclusiones

El concepto de seguridad ha ido evolucionando a medida que crecen en número y complejidad las amenazas del contexto nacional y regional para los países, especialmente en el ámbito político, económico, social, cultural y tecnológico.

Las amenazas analizadas a nivel nacional, regional y latinoamericano requieren de la integración de acciones, especialmente, desde la política pública, y el despliegue de recursos y actores tanto públicos como privados.

Una gestión efectiva de las amenazas a la seguridad requiere el reconocimiento de que estas son complejas y múltiples, y que sus soluciones deben ser igual de complejas e integrales, donde se tomen en consideración las características sociales, políticas y económicas de los países, regiones y de América Latina.

La necesidad de aprobación y ejecución de políticas que determinen la gestión preventiva, la cooperación regional y de acciones comunes, como las principales vías para que los países latinoamericanos superen las emergentes y asimétricas amenazas actuales.

Necesidad de comprender por parte de las autoridades políticas y militares que, en materia de seguridad, se requiere de un enfoque integral, multidimensional, pluralista y de garantía de derechos, a nivel regional y latinoamericano.

Las instituciones castrenses deben, en este contexto, profundizar cada vez más la planificación y la capacidad de operatividad efectiva y oportuna, sobre las amenazas, especialmente las antrópicas, asimétricas y de tipo tecnológico.

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