Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. VI, No.3, 2021) pp. 56-67
La importancia de las relaciones entre civiles y militares para la de-
mocracia. Un breve estudio del caso ecuatoriano
The importance of civilian and military relationships for democracy.
A brief study of the Ecuadorian case
Miguel Tapia1, Diego García2
Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE
1Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Pichincha, Quito, Ecuador. 2Colegio Interamericano de Defensa, Washington D.C, Estados Unidos. motapia@espe.edu.ec; diegomgl76@gmail.com
Resumen
Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas desde su génesis han escrito páginas gloriosas que le han permitido robustecer a la patria y proteger a su pueblo. A partir de la firma de la paz con el Perú, el soldado ecuatoriano se ha transformado en “militar flexible”, dado que su rol se ha ido adecuando al cumplimiento de nuevas misiones y desafíos relacionados con el apoyo humanitario, apoyo a la gestión de riesgos, la articulación con la Policía Nacional para el combate al crimen organizado, entre otras. Todas estas actividades acercan e incrementan la relación civil-militar, por lo que se considera fundamental realizar un estudio de temáticas específicas que permitan resaltar la importancia que reviste para el Estado que los miembros de sus FF.AA., en todos sus niveles cumplan su misión de forma profesional con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. En el presente artículo se analiza el control civil efectivo que ejerce el Estado sobre sus FF.AA. y su relación con la intervención de éstas en la política nacional; la importancia del perfil que debe poseer el ministro de Defensa para cumplir con el delicado rol de administrar el poder coercitivo del Estado y la relación existente entre el empleo continuo de FF.AA. en misiones de seguridad interna con la posibilidad de ocurrencia de un golpe militar.
Palabras clave: Control efectivo; golpe militar,; poder civil; poder coercitivo; seguridad interna.
Abstract
Since its genesis, the Ecuadorian Armed Forces (FF. AA.) have written glorious pages that have allowed it to strengthen the homeland and protect its people. Since the signing of peace with Peru, the Ecuadorian soldier has become a "flexible military." This, given that his role has been adapted to the fulfillment of new missions and challenges related to humanitarian support, risk management support, coordination with the National Police to combat organized crime, among others. All these activities bring together and increase the civil-military relationship. Therefore, it is considered essential to carry out a study of specific issues that make it possible to highlight the importance for the State that the members of its Armed Forces, at all levels, fulfill their mission professionally, strictly subject to the civil power and law Constitution. This article analyzes the effective civil control exercised by the State over its armed forces. Likewise, its relationship with their intervention in national politics; the importance of the profile that the Minister of Defense must have to fulfill the delicate role of administering the coercive power of the State. Finally, the relationship between the continuous employment of the Armed Forces in internal security missions with the possibility of a military coup.
Keywords: Effective control, military coup, civil power, coercive power, internal security.
Fecha de Recepción: 04/11/2021 - Aceptado: 15/12/2021 – Publicado: 31/12/2021
ISSN: 2477-9253 – DOI: https://dx.doi.org/10.24133/RCSD.VOL06.N03.2021.04
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I. Introducción
Desde el inicio de los Estados, como hoy se los conoce, se basan en dos pilares fundamentales: buenas armas y buenas leyes, así lo definió Maquiavelo en su libro “El Príncipe”. Esta premisa sigue vigente, a pesar de tener varios siglos desde su puesta en escena, y pese a las evoluciones tanto de la base legal en la que se sustenta un Estado, así como de la evolución de sus fuerzas armadas en cuanto a sus misiones o tareas a cumplir. La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 158 determina que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
Lo anterior demuestra la necesidad de la existencia de un poder coercitivo por parte del Estado y el correspondiente empleo legal de la fuerza a través de las armas entregadas por el pueblo a las instituciones encargadas de la seguridad y defensa del estado en el ámbito externo e interno. Esta realidad ha generado la denominada problemática civil-militar.
“La problemática civil-militar es una simple paradoja: como se les teme a otras, se crea una institución de violencia para que proteja a la sociedad. Sin embargo, luego se le teme a la misma institución que se crea para dicha protección” (Feaver, s.f.). Basados en la realidad de las FF.AA. del Ecuador; mediante una investigación bibliográfica, en el presente trabajo académico se analizará este contrasentido, que engloba las relaciones entre civiles y militares haciendo uso de tres lecciones aprendidas.
•La profesionalización de los militares, como base del éxito, de la teoría del control efectivo del poder civil sobre el poder militar de un Estado;
•La necesidad de contar con un ministro de Defensa con capacidades administrativas y políticas en lugar de uno con conocimientos técnicos en defensa y seguridad;
•El recurrente y casi normalizado empleo de Fuerzas Armadas (FF.AA.) en misiones de ámbito interno como posible factor desencadenante para la ocurrencia de un golpe militar en Ecuador.
Mediante el estudio de estas tres temáticas en las que se evidencia la existencia de relaciones entre civiles y militares, se establecerán conclusiones que ayudarán a comprender la necesidad de que las FF.AA., se mantengan dentro de sus ámbitos de competencia, siendo obedientes y no deliberantes dentro de un Estado.
Este artículo de reflexión ha sido organizado como sigue: La sección II explica a los lectores la metodología utilizada, la investigación bibliográfica realizada, los procedimientos, enfoques, opiniones y argumentos se han incluido durante la investigación. La sección III presenta los resultados de investigación para analizarlos desde otra perspectiva en un orden lógico y coherente. La sección IV finaliza con las conclusiones y líneas de trabajo futuro.
II. Materiales y Métodos
ELa metodología empleada en la presente investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo. Mediante un enfoque cualitativo con base en un análisis documental bibliográfico de diferentes casos históricos acontecidos en el Ecuador, se analizó la relación entre la necesidad de la existencia de unas Fuerzas Armadas profesionales y capacitadas para ejercer el poder coercitivo del Estado y el temor que este poder podría generar sobre la población e incluso sobre el propio Estado. De igual manera, se realiza una exposición de teoría y conceptos relacionados a la seguridad y defensa aplicables al caso de estudio.
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Mediante el enfoque cualitativo se pudo analizar el contrasentido de las relaciones civiles y militares, mediante el estudio de tres temáticas que permiten verificar la importancia de estas relaciones para el control civil sobre el poder militar dentro del Estado. Estas temáticas han sido tomadas de diferentes ámbitos: operacional, político y administrativo.
III. Evaluación de Resultados y Discusión
3.1. El respeto a la profesionalización de las Fuerzas Armadas
Es la base para un necesario control efectivo por parte del poder civil, teniendo a la confianza mutua como la base del fortalecimiento de las relaciones cívico militares. Un profesional es un experto en el ámbito en el que este se desenvuelve, este profesionalismo, según Huntington (1964), está dado por la capacitación adquirida y la experiencia acumulada, así mismo un soldado profesional, está revestido con estas mismas características: capacitación y experiencia. La Figura 1 muestra la percepción sobre el profesionalismo de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
Figura 1: Percepción de la profesionalidad de las FF.AA. (2012)”.
Ahora bien, si esta capacitación el soldado la recibe del Estado, es lógico pensar y deducir que el desempeño profesional del soldado debe ir en beneficio de este Estado. Este desempeño al ser necesariamente grupal, se transforma o traduce en una fuerza que ha sido formada, entrenada, equipada y armada; que como institución se convierte en el llamado poder militar. Expresión de poder que, como las otras constitutivas del poder nacional, tendrá una participación política dentro del Estado del que forma parte.
Por consiguiente, será responsabilidad del Estado la mayor o menor influencia o injerencia política que tenga este poder militar, y esta mayor o menor injerencia dependerá del nivel, cantidad o capacidad de control que tenga el poder civil, es decir, el gobierno, sobre el poder militar. En efecto, el mayor o menor control civil efectivo que ejerza el Estado sobre sus FF.AA., será directamente proporcional a la intervención de estas en la política nacional, como lo explica Huntington: “control civil objetivo es
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la intervención de los militares en política: el control civil decrece a medida que los militares se van inmiscuyendo en política institucional, de clase o constitucional” (Huntington, 1964).
En consecuencia, el éxito en el control efectivo que ejerce el Estado a sus FF.AA., reconociendo su profesionalismo y ámbito de competencia, se verá reflejado en su total obediencia y no beligerancia en asuntos de gobernabilidad.
Como experiencia cercana se puede señalar las protestas sociales acontecidas en el Ecuador en octubre del 2019. Aquí, claramente se observa que se puso a prueba este tipo de control civil, ya que las FF.AA, actuaron de forma profesional en los ámbitos de sus competencias legales asignadas constitucionalmente por el poder político1, en donde se demostró una vez más su subordinación al mismo. Cuando el orden constituido del país estuvo amenazado, las FF.AA., no tuvieron un papel beligerante, es lo que se espera de unas Fuerzas Armadas profesionales y maduras en estas circunstancias.
De lo expuesto anteriormente, se puede mencionar que el control efectivo, a través de la profesionalización de FF.AA. y el reconocimiento y respeto a su ámbito de competencia, es la teoría aplicable más exitosa para ejercer el control civil sobre el poder militar. Control que debe hacerse sustentado en una sólida base legal y jurídica.
3.2. Capacidades del ministro de Defensa
El ministro de defensa debe tener principalmente capacidades administrativas y habilidades políticas, antes que un conocimiento técnico militar en defensa y seguridad.
En plena guerra fría y la ya conocida doctrina de Seguridad nacional, impulsada por EE.UU., los gobiernos militares se multiplicaron por la región andina, por lo que no es de sorprenderse de los siguientes datos acerca de quienes han estado a cargo de los Ministerios de Defensa en los 15 países de la región:
Durante la década de los 80, cuando la región se encontraba en los albores del renacimiento democrático, la posición de ministro de defensa era dominada por militares. En los inicios de la década de los 90, esta supremacía va disminuyendo. No obstante, si se evalúan las cifras, no se vislumbra una tendencia orientada a asignar civiles en posiciones de liderazgo en el área de la defensa.
En 1994, un 44% de la totalidad de los ministros eran militares, mientras que, en el 2004, la cifra era del 46%. También resulta neurálgico observar una completa monopolización del gabinete de defensa en algunos de los más grandes e importantes países de la región por parte de miembros de las FF.AA.: Venezuela, Perú, Brasil y México, cuyos ministros de defensa han sido miembros de las FF.AA., un 90 a un 100% del tiempo durante los últimos 21 años (véase Tabla 1).
1Constitución del Ecuador, Art. 158 y 165, 2008
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Tabla 1: Ministros de Defensa de América Latina:
Militares vs Civiles, 1984-2004
Nota. Obtenido de David Pion-Berlín, “El Manejo Político de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica,” Military Review, (marzo -
abril 2005): 5 – 16.
A continuación, en la Tabla 2 se presentan los datos del total de ministros de defensa por países de Centro y Sur-América en los últimos 21 años y de estos cuantos han sido militares y su porcentaje del total.
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Tabla 2: Ministros de Defensa de América Latina: Militares y Civiles
Nota. Obtenido de David Pion-Berlín, “El Manejo Político de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica,” Military Review, (marzo -
abril 2005): 6 – 16.
En todos los países de América Latina se tiene un régimen presidencial y en sus constituciones se reconoce la supremacía del titular del Poder Ejecutivo, del presidente de la república como comandante, jefe supremo o máxima autoridad de la fuerza militar. Por lo tanto, el principal referente para toda organización militar es la “institución presidencial”, no la persona, no un presidente determinado, siempre y cuando haya alcanzado esta magistratura por medios democráticos y legales.
Dependientes y parte de este poder Ejecutivo, están los ministerios de defensa, que pueden variar unos de otros por su capacidad legal de mando que tienen:
●Ministerios que funcionan solamente como enlaces entre oficinas del Ejecutivo y organizaciones militares, que mantienen autonomía. Esos ministerios son órganos de administración y no mandos de las Fuerzas Armadas. (Ejemplos: Colombia y Ecuador);
●El segundo modelo es el de un ministerio que conduce efectivamente los organismos militares.
“Dado que el Ministerio de Defensa constituye el principal vínculo entre el comandante en jefe y el presidente, lo ideal es que debería ser dirigido por un civil nombrado por el presidente” (Weeks, 2012). De esta afirmación hecha por Weeks, se desprende la importancia estratégica que tiene el cargo de Ministro de Defensa, designación de las más importantes y delicadas para un gobierno, ya que está colocando, como lo diría Max Weber en 1919, en las manos de esa persona la responsabilidad del monopolio del uso de la fuerza del Estado.
En este contexto, cobra real importancia el “quien” va a ser esa persona. Sin duda, siempre es alguien de “confianza” del presidente. Obviamente es un cargo político, sin embargo, se debe tomar en cuenta lo que David Pion-Berlín citando a J. Samuel Fitch, quien en relación al requisito en conocimientos sostiene que es indispensable poseer: “identificar las amenazas que requerirán el uso de la fuerza
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militar, asignar las misiones que a las FF.AA., le corresponden en cuanto a defensa o seguridad, formular un presupuesto razonable, establecer una política de defensa y ejercer el control sobre la educación y socialización militar” (Pion-Berlin, 2002).
No obstante, normalmente los cargos de secretario de defensa contarán o deben contar con un amplio equipo asesor y planificador de expertos en defensa y seguridad.
Los gobiernos civiles necesitan ministros que puedan administrar los asuntos de las FF.AA. y no aquellos de defensa. Necesitan especialistas que puedan interactuar con los miembros de las FF.AA., en los niveles políticos y personales, en lugar de los de carácter técnico. Menor aún es la necesidad de cuantiosas inversiones para la formación de expertos en los asuntos de defensa, cuando los temas cruciales tienen poca relación con la preparación para la guerra o para el alistamiento de la defensa y más que ver con las FF.AA., como una institución corporativa con intereses propios (Pion-Berlin, 2002).
De lo anterior se puede inferir que en esta importante función debe estar una persona capaz de encontrar un equilibrio entre los objetivos del Estado, las necesidades del gobierno actual en términos de seguridad y defensa y esto, en concordancia con las necesidades operativas de sus fuerzas para cumplir eficientemente sus misiones.
Es decir: “debe ser capaz de diseñar una política general que integre la asignación presupuestaria y los requerimientos de la defensa, para lo cual, debe contar con un grupo asesor, de personal militar y civil, en condiciones de cooperar en el desarrollo de un programa global de defensa” (Huntington, 1964).
En el caso del Ecuador desde los inicios de la vida republicana, la cartera de defensa estuvo tradicionalmente dirigida por personal militar en servicio activo y pasivo. Esto en razón de que sus Fuerzas Armadas tienen una forma de ser especial con tradiciones propias muy particulares que las distinguen de otras organizaciones, como todas las fuerzas armadas del mundo. Hay que conocer el pensamiento, el alma y el espíritu de los soldados para administrarlos correctamente.
Actualmente, nuestra legislatura prohíbe que oficiales en servicio activo ocupen cualquier cargo público, incluido el de Ministro de Defensa, a lo largo de historia, la generalidad ha sido que esta dignidad recaiga en oficiales generales destacados que se encuentran en servicio pasivo, es decir civiles (Pion-Berlin, 2002).
Es importante señalar que, en nuestro país, durante los gobiernos identificados con la corriente ideológica denominada “socialismo del siglo XXI” el mando político en el Ministerio de Defensa tuvo diez representantes con poco o inexistente conocimiento y experiencia en el área de la seguridad y defensa. En promedio, el año y tres meses de gestión de cada ministro llevó a esta importante cartera a una inestabilidad administrativa, debido a la gran carga de ideología partidista que se intentó inyectar en la institución.
Ahora con la necesidad de definir un ministro “civil” para estos casos, sería el que no está sometido a la disciplina militar o aquel también que no forma parte de la estructura de las fuerzas armadas. En la mayoría de los países de la región latinoamericana y particularmente en el Ecuador, se considera que el estado militar se tiene de por vida. Cuando se deja el servicio activo se pasa a un “servicio pasivo”, es decir un militar retirado, sigue formando parte de la sociología y corporación armada. Basado en esto, solo podría considerarse “civil” al retirarse en la fase de formación o pre-profesional. No
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obstante, que se considere civil a un retirado, no es sostenible cuando los marcos jurídicos, culturales y económicos indican que la milicia como profesión es un estilo de vida protegido que cubre al individuo a lo largo de toda su existencia. Es bastante difícil entonces que se pueda considerar civil al militar retirado, porque ello va en contra de todo lo que el militar ha aprendido y vivido desde su formación y a lo largo de una dilatada carrera profesional.
En resumen, la designación del ministro de Defensa no debe depender de si este, tiene o no formación militar, sino que su elección debe estar basada en sus condiciones morales y éticas, en sus conocimientos y experiencia, principalmente en la capacidad de administrar el poder coercitivo del Estado.
Por lo tanto, un ministro debe contar con habilidades para transmitir, hacia abajo, adecuadamente las disposiciones gubernamentales, y también de representar, hacia arriba, los intereses de las FF.AA., en términos principalmente operativos y sociales, especialmente cuando las prioridades del poder político discrepan de las prioridades de las FF.AA.
En estas circunstancias será muy difícil continuar con la democratización del sector defensa en los países referidos. Es poco probable que se nombre ministros civiles en la región, y mucho menos que a los que existen se les asignen mayores competencias (salvo quizás en el caso argentino, brasileño o chileno). Se vislumbran tiempos difíciles para un modelo de gestión mixto entre civiles y militares, manteniéndose la tendencia de que se tengan militares de carrera a cargo de los ministerios de defensa.
Lo ideal en democracia es que el gobierno decida la política para las diferentes carteras incluida la de defensa, en el que trabajan distintos profesionales, con perfil civil unos, y perfil profesional militar otros. Que las fuerzas armadas, que legal y naturalmente se encuentran al servicio del gobierno a través de su cadena de mando, son el instrumento para llevar a cabo esta política, y que estas fuerzas deben estar integradas por militares, funcionarios públicos profesionales, quizás hasta sometidos a un fuero y una disciplina especial. Como dijo Max Weber, el uso monopólico de la fuerza legítima en cualquier sociedad, significa poder y la debe tener el Estado.
3.3. El empleo de las FF.AA. en misiones de seguridad interna
El empleo de las FF.AA. en misiones de seguridad interna no incrementa la sensación de un golpe militar. En realidad, luego de la Segunda Guerra Mundial, la seguridad nacional se consolidó como categoría política durante la guerra fría. La doctrina de la seguridad nacional en América del Sur mantuvo la idea de que, a partir de la seguridad del Estado se garantizaba la seguridad de toda la sociedad, por lo que para lograr este objetivo se buscó mantener el control militar del Estado. Paralelamente, se sustituyó la idea de la existencia de los enemigos externos a los Estados por la idea de que sus principales enemigos se encontraban en el interior de los mismos, materializados en supuestos agentes locales del comunismo. Además de las guerrillas¸ el enemigo interno podía ser cualquier persona u organización con ideas opuestas al régimen militar.
La Doctrina de Seguridad Nacional ha sido el mayor esfuerzo latinoamericano por militarizar el concepto de seguridad a través de dictaduras militares. Al ubicar el componente militar en el centro de la sociedad, trascendiendo las funciones castrenses, la Doctrina se convirtió en la ideología militar contemporánea de mayor impacto político en la región.
En el Ecuador, el último gobierno militar fue el Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979), el cual estuvo conformado por representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas: el Almirante
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Alfredo Poveda como representante de la Fuerza Naval, el General del Aire Luis Leoro Franco como representante de la Fuerza Aérea y el General de División Guillermo Durán Arcentales como representante de la Fuerza Terrestre. A inicios de los años ochenta comenzó en América Latina el llamado proceso de redemocratización, esto debido a que los gobiernos estadounidenses ya no creyeron necesarios o incluso tolerables los gobiernos militares en la región; es así que en el Ecuador específicamente se retorna a la democracia mediante el acenso a la presidencia del Abogado Jaime Roldós Aguilera.
Esta etapa en la vida política en Latinoamérica dejó en la mente de varios gobernantes un pensamiento consciente o inconsciente de recurrir de manera casi normal al empleo de fuerzas militares en tareas policiales o de ámbito interno. Como lo afirma Pion-Berlín “las fuerzas armadas han sido llamadas cada vez más para ayudar en la lucha contra el crimen en América Latina” (Pion-Berlin, Carreras, 2017). Esto en medio del alto nivel de legitimidad popular, de que los militares participen en este tipo de operaciones como lo señalan los mismos autores: “existe un amplio apoyo a la intervención militar en las operaciones contra la delincuencia” (Pion-Berlin, Carrera, 2017).
En contraste con lo positivo que pueden percibirse estas medidas, en este sector del hemisferio, existen visiones “pesimistas” que señalan que el empleo de fuerzas militares en estas misiones “apuntan a un patrón claro hacia un retorno del papel histórico de los militares en la política de la región” (Kaplan, 2021). Estas afirman incluso que los sistemas democráticos están en peligro cuando militares son usados en controlar protestas sociales (Mani, 2021). Entre otras razones se manifiesta que “Recurrir a las FF.AA. para restablecer el orden en una democracia no es común” (Mani, 2021).
Por el contrario, de esta visión pesimista explicada por el Dr. Philip Kaplan, de que el empleo de FF.AA., en crisis políticas y sociales en América Latina podrían propiciar un golpe de Estado, también está la visón optimista, que se basa en la fe de lo versado y profesional del actual liderazgo militar, y que pese a que sí se lo considera como una amenaza para el líder civil, los uniformados como conocedores de la historia y sus consecuencias, jamás la repetirían (Kaplan, 2021).
Como prueba de lo mencionado se puede señalar que, en los últimos 27 años, 16 presidentes latinoamericanos dejaron el poder antes de terminar su mandato. Renunciaron ante graves crisis sociales o económicas, fueron derrocados por golpes de Estado o los destituyeron bajo una decisión del Legislativo. De estos, tres eran ecuatorianos: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez abandonaron su cargo bajo la presión de masivas manifestaciones. Sin embargo, en todos estos hechos históricos, la Fuerzas Armadas ecuatorianas se mantuvieron en todo momento cumpliendo su misión con total apego a la ley, sin la menor intención de asumir el poder del Estado.
Relacionando lo anterior con la experiencia de las últimas protestas sociales en Ecuador en el 2019, el poder ejecutivo a través de un estado de excepción, dispuso el empleo de FF.AA. para el control en el ámbito interno; y, pese a que el nivel de desestabilización del gobierno fue muy alto, las FF.AA. y sus comandantes, lejos de propiciar un cambio de gobierno, demostraron elevado profesionalismo y apego a la ley, incluso adecuaron las órdenes de emplear todas las medidas necesarias para reprimir las protestas (Pion-Berlin, Ivey, 2020). Todo esto para mantener a sus fuerzas dentro del empleo legal y legítimo, con el fin de sostener el orden constituido del país. La Figura 2 presenta una fotografía del presidente y vicepresidente del Ecuador junto al ministro de defensa y el alto mando militar, en unidad ante los disturbios del movimiento indígena en octubre de 2019.
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Figura 2: Comunicado del Presidente del Ecuador durante las protestas de octubre 2019
Nota. Obtenido de La República
Dentro de este contexto, el empleo de FF.AA. en misiones policiales o de control interno, siempre será un tema que genere división de criterios a favor y en contra. En la mayoría de países; como en el Ecuador, la legislatura advierte que este tipo de intervención será de manera excepcional y ante una grave conmoción interna, crisis política, social o ambiental. De lo expuesto se puede inferir que, en la actualidad, en el Ecuador la posibilidad de un golpe militar vinculado o como efecto de la participación en operaciones de control interno, es prácticamente nula, principalmente debido a la madurez y profesionalismo de sus FF.AA. (véase Figura 3).
Figura 3: Control de las FF.AA. durante las protestas de octubre 2019
Nota. Obtenido de Así Somos N° 139
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IV. Conclusiones y Trabajo Futuro
Sobre la base de lo expuesto en el presente estudio, se puede destacar que las relaciones Civiles – Militares, siempre serán un tema sensible dentro de un Estado, quien es el responsable de controlar al poder militar a través del respeto a su institucionalidad y ámbito de competencia basado en su profesionalización. Para que estas relaciones sean fluidas y para que exista confianza mutua, el primer responsable es el Ministro de Defensa, ya que él es el enlace entre el Presidente de la República y los Comandantes de las Fuerzas.
Esto derivará en que, si el Estado necesita y requiere de sus FF.AA., y estas se sienten y son respetadas y profesionales, no importará la coyuntura más difícil e inestable, sea esta social, económica o política, siempre se podrá esperar de ellas un accionar respetuoso de la constitución y del estado de derecho.
En el Ecuador, las denominadas “nuevas misiones” que actualmente desarrollan sus Fuerzas Armadas incrementan estas relaciones, con el consecuente riesgo de que sus miembros en algún momento se vean inmiscuidos en asuntos de política fuera de sus competencias. Esto no ha sucedido debido principalmente al grado de madurez institucional alcanzado y al profesionalismo de sus miembros en todos sus niveles, logrando el cabal cumplimiento de las misiones impuestas de forma obediente con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución
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