Síntesis de la Declaración de Estados de Excepción Focalizados desde 2023 y el Decreto Ejecutivo 410

Resumen

El Decreto Ejecutivo No. 410, firmado por el Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, del 03 de octubre de 2024, declara un Estado de Excepción debido a la creciente violencia generada por organizaciones armadas en varias provincias del país, incluyendo Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Pichincha, entre otras.

Entorno a los fundamentos jurídicos, este decreto se basa en varios artículos de la Constitución del Ecuador, como el artículo 3 que establece como deber primordial del Estado: garantizar los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Además, menciona el artículo 164 que permite al Presidente: declarar un estado de excepción en casos de grave conmoción interna. El decreto también cita instrumentos internacionales, tales como: Convenios de Ginebra y su Protocolo II, que regulan la protección de víctimas en conflictos armados internos, y se refiere a las obligaciones del Estado ecuatoriano en estas situaciones.

De manera fáctica, esta situación detalla un contexto de violencia extrema, con incidentes reportados en medios nacionales e internacionales, entre estos: ataques armados, explosiones y asesinatos masivos que han generado conmoción social en todo el territorio. Las provincias más afectadas son las mencionadas anteriormente, donde operan grupos armados organizados (GAO) y de delincuencia organizada transnacional (GDOT). El decreto menciona informes del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que proporcionan datos sobre la organización y acciones de estos grupos. Se destaca un informe de inteligencia de septiembre de 2024, que clasifica a los grupos armados según su control territorial y su capacidad de realizar ataques coordinados. Como medida adoptada, este decreto permite la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el control de la situación. Así también, se incluye la restricción de ciertos derechos, como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, según lo estipulado en la Constitución. También permite el uso de la fuerza en contextos de control del orden público, siguiendo la normativa vigente, y se extenderán operativos de seguridad en centros de privación de libertad, donde también se ha identificado la presencia de organizaciones criminales.

De esta manera, el Gobierno justifica el Estado de Excepción por la alarma social y la gravedad de los hechos, que afectan la seguridad pública, la estabilidad institucional y el ejercicio de derechos constitucionales. El decreto subraya la necesidad de estas medidas extraordinarias para enfrentar la situación y prevenir la expansión de los grupos delictivos. El Gobierno enfatiza con este decreto de Estado de Excepción que busca restaurar el orden público, reducir la violencia y garantizar la seguridad de la población, a través de un trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, junto con medidas específicas en las zonas más afectadas.