Este trabajo de investigación analiza la ausencia de correlación entre el crecimiento económico del Ecuador, ligado a la explotación petrolera, y un mayor número de afiliaciones a la Seguridad Social. En la práctica esto se traduce en menos protección social para los adultos mayores, es así que, actualmente, una de cada cuatro personas mayores de sesenta años recibe una pensión en el Ecuador, mientras en el IESS existen cinco afiliados por cada jubilado a octubre del 2020. Esta realidad se complejiza más si revisamos las características demográficas de la población, el aumento de la esperanza de vida, la reducción en la tasa de fecundidad y el decrecimiento del índice de natalidad de nuestro país.

El bono demográfico del que actualmente gozamos concluirá en la década de los 40 de este siglo y todo parece indicar que el país no ha sido los suficientemente hábil como para acumular y redistribuir una mayor cantidad de riqueza (PIB per cápita) teniendo como premisa una mayor cantidad de población comprendida entre 15 y 60 años de edad (población en edad de trabajar). Como consecuencia de esto, es necesario replantearnos el esquema de seguridad social y el derecho a la ciudad para los adultos mayores en los próximos años, pues al 2050 representaremos el 20 % del total de habitantes en el país; y lo decimos de manera inclusiva porque los adultos jóvenes de hoy seremos los adultos mayores del mañana.

Recibido: 26/10/2020
Aceptado: 26/2/2021

Palabras claves: Envejecimiento poblacional; bono demográfico; protección social; derecho a la ciudad; desarrollo urbano sostenible.

ABSTRACT

This research analyzes the absence of correlation between the economic growth of Ecuador linked to oil exploitation and a greater number of affiliations to Social Security. In practice, this is translated into less social protection for the elderly; this is why, currently, one in four people over the age of sixty receives a retirement pension in Ecuador while in the IESS there are five affiliates per each retired worker as of October 2020. This reality becomes more complex if we review not only the demographic characteristics of the population, but also the increase in life expectancy, the reduction in the fertility rate, and the decrease in the birth rate of our country. The demographic bonus that we currently enjoy will end in the 40s of this current century and everything seems to show that the country has not been skilled enough to accumulate and redistribute wealth (GDP per capita) based on a greater number of population between 15 and 60 years of age (working age population). Consequently, it is necessary to rethink the social security scheme and the right to the city for the elderly in the coming years because by 2050, elder people will represent 20% of the total population in the country, and we say it in an inclusively manner because the young adults of today will be the older adults of tomorrow.

Keywords: Population aging; demographic bonus; social protection; right to the city; sustainable urban development.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL

El sostenido crecimiento poblacional de Ecuador le ha permitido tener un bono demográfico por muchos años. Sin embargo, las cifras denotan que en las próximas décadas habrá un punto de inflexión que amenazan los niveles de protección social y atención de los derechos de la población adulta mayor, porque compromete la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y desafía las políticas públicas que actualmente se toman en pro del desarrollo urbano sostenible, pero no siempre con enfoque etario.

SÍNTESIS Y APLICACIONES PRÁCTICAS

La transición demográfica de Ecuador denota que en los próximos años habrá una vejez creciente y mayoritariamente urbana, lo cual cambia significativamente la estructura poblacional del país y trae consigo diversas implicaciones que develan la necesidad de entender el envejecimiento en un contexto mucho más amplio que el actual, donde la vejez se reduce a la expectativa que tienen las familias de proteger a sus adultos mayores en lo que Samuelson (1958) llama el “contrato social”, que no es otra cosa que: “cuidar de los adultos mayores con la expectativa de que mañana nuestros hijos cuidarán de nosotros”.

El envejecimiento poblacional amenaza los niveles de protección social y la posibilidad real de atender los derechos y necesidades de los adultos mayores. Esto deriva en la necesidad de reenfocar el rol de la población adulta mayor y su posibilidad de continuar contribuyendo al desarrollo de sus hogares y por tanto, de la economía en general, que se combine con esquemas de prestaciones de vejez apropiados a esa realidad.

Comprender que esta población envejecida habitará mayoritariamente en zonas urbanas, automáticamente genera la necesidad de cuestionar qué tanto se está planificando la ciudad para que sea habitable e inclusiva con este grupo poblacional y el rol de este mismo grupo en el desarrollo de las ciudades.

INTRODUCCIÓN

El Ecuador ha transitado seis décadas marcadas por fluctuaciones en su Producto Interno Bruto (PIB) que no siempre han estado asociadas a la posibilidad de empleo adecuado para sus ciudadanos. De hecho, a partir del primer boom petrolero de la década de los setenta en el siglo anterior, el crecimiento económico del país ha estado fuertemente ligado a la explotación de este recurso natural, lo cual, según la evidencia empírica de este trabajo de investigación, no está correlacionado con un mayor número de afiliaciones a la Seguridad Social.

Por otro lado, en este mismo período, Ecuador ha experimentado un incremento sostenido del número de asentamientos urbanos a nivel global y, por tanto, del porcentaje de personas que habitan en áreas urbanas. A esto se suma el hecho de que, a mayor grado de desarrollo de las economías, se evidencia una reducción en las tasas de fertilidad y mayor esperanza de vida, derivando en un proceso de transición demográfica donde la población de mayor edad empieza a predominar como grupo poblacional. Dicha transición es un problema estructural que afecta desde hace muchos años a varias economías a nivel mundial, sobre todo las europeas.

Sin embargo, el sostenido crecimiento poblacional de Latinoamérica en décadas pasadas ha hecho que el envejecimiento poblacional se sienta todavía lejano, pero la realidad de las cifras deja entrever que en los próximos 30 años habrá un punto de inflexión; de hecho, según esta investigación, el fin del bono demográfico llegaría al Ecuador a mediados de la década de los 40 de este siglo.

Con esta premisa, este trabajo analiza las dinámicas poblacionales de Ecuador y el aprovechamiento del bono demográfico, las tasas de dependencia de la población adulta mayor, qué implicaciones tiene eso en la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, y la posibilidad de materializar el desarrollo urbano sostenible al que actualmente apuntan los compromisos internacionales.

MÉTODO

Este trabajo se centra en el análisis del caso ecuatoriano y es una investigación mixta que combina estadística descriptiva, análisis correlacional y revisión crítica de documentos oficiales.

El estudio arranca presentando data que describe la evolución poblacional que ha tenido el país a fin de verificar las tendencias demográficas existentes y determinar en última instancia si Ecuador muestra aún potencial de un bono demográfico y en qué estado de la transición demográfica se encuentra, como para deducir si realmente el paradigma del fin del bono demográfico puede considerarse un factor de amenaza latente para el sistema de seguridad social.

Para entender la noción de bono demográfico es necesario primero explicar por qué se habla de un fenómeno de transición demográfica. La data histórica de población demuestra que, a raíz de la industrialización, las tasas de fecundidad y mortalidad a nivel mundial habían bajado (Bloom & Williamson, 1997). Entonces, se habló por primera vez de un cambio en la estructura por edades de la población. Sin embargo, hoy la expresión “transición demográfica” se aplica de manera más general siempre que se evidencia un punto de inflexión en dichas tasas, independientemente del momento histórico y económico que esté viviendo un territorio; e incluso, algunos lo acuñan cuando, además del cambio de altas a bajas tasas de fecundidad y mortalidad, se evidencia un proceso de rápido crecimiento poblacional.

Dicho esto, los primeros rastros del concepto de bono demográfico se encuentran en el análisis de Coale y Hoover, quienes argumentaron la existencia de una oportunidad demográfica cuando una economía puede capitalizar la entrada de un amplio grupo de jóvenes al sistema económico estimulando el crecimiento. Más tarde, Bloom, Canning y Sevilla (2003) contribuyen argumentando que, en la discusión sobre el efecto del crecimiento poblacional sobre el crecimiento económico, es necesario afinar el análisis considerando más específicamente el crecimiento de la población económicamente activa, porque esta tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el producto interno bruto per cápita. Por tanto, tal como lo resume Aguirre (2016) son estos autores quienes utilizan el término “bono demográfico” para describir la parte del crecimiento económico de un país que resulta de los cambios que ocurren en la estructura por edad de su población. Posteriormente, el mismo Bloom junto a otros autores (Bloom, Humair, Rosenberg, Sevilla y Trussell, 2014) especifican aún más la definición, aclarando que se refiere al crecimiento económico potencial creado por cambios favorables en la distribución de grupos etarios de la población, y en ese sentido se aplica para este trabajo.

El análisis del bono demográfico en el caso ecuatoriano inicia mostrando la evolución del Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc) en valores corrientes para el periodo comprendido entre 1960 y el año 2018, y su correlación con el empleo pleno y la población económicamente activa (PEA). Este se complementa con otro análisis correlacional entre la variación del PIBpc y la variación del número de afiliados a la seguridad social por quinquenios desde 1960 hasta 2015, para determinar el nivel de aprovechamiento del bono demográfico y, por tanto, de redistribución de riqueza, reducción de pobreza por ingresos y mayor sostenibilidad en el sistema de pensiones (incremento de la cantidad de activos por cada jubilado).

A continuación, se realiza una proyección del crecimiento poblacional según grupos etarios de Ecuador para el periodo comprendido entre 1960 y el 2060 graficado en pirámides poblacionales. En función de los resultados de las pirámides, se presenta una proyección de la tasa de dependencia entendida como la población entre 15 y 59 años que sostiene a la población mayor de 60 años.

Posteriormente, se presenta un análisis crítico de las implicaciones del envejecimiento poblacional en los pilares de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y se determina conceptualmente cómo debería reestructurarse este para acomodarse a la estructura poblacional prevista para los próximos años.

Finalmente, se hace una recopilación de cómo se está conceptualizado el envejecimiento en la discusión de derechos humanos, en el planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la Agenda de Hábitat Sostenible de Ecuador 2036 (AHSE) para examinar la aplicación de un enfoque etario en los objetivos de política pública.

1. El paradigma del bono demográfico

Según Manzano (2015) el bono demográfico fue definido por David Bloom (1998) como la etapa de transición demográfica en la que la población infantil y juvenil se reduce en términos relativos¹ respecto a la población total, mientras la proporción relativa de personas mayores de 60 años no es muy alta, razón por la cual el porcentaje proporcional más grande de habitantes se encuentre entre 15 a 59 años y, al menos teóricamente, podría impulsar el crecimiento económico de un territorio medido por la variación de la actividad económica (Producto Interno Bruto). Para el caso ecuatoriano, abordar la temática del bono demográfico implica además de tener en cuenta el incremento de la población económicamente activa (15-59 años), observar dentro de ella las variaciones que se pueden presentar en la cantidad de ecuatorianos con empleo pleno, es decir, trabajadores que gozan de todos sus derechos y por tanto se encuentran afiliados a la seguridad social (eje izquierdo del gráfico inferior) lo cual se compara con el PIBpc medido como la suma total (en dólares) de la cantidad de bienes y servicios finales que se puede producir en la economía ecuatoriana en un año por cada persona (eje derecho del gráfico presentado).

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¹ Esta disminución puede ser debido a la reducción del nivel de fecundidad, tasa de natalidad o cualquier otra variable demográfica, cuyo análisis rebasa el alcance de este documento.

La evidencia empírica muestra que existe una relación directa entre el incremento de la población económicamente activa y el valor del producto interno bruto per cápita; no obstante, esta relación se torna más evidente y correlacionada entre las variables: empleo adecuado y producto interno bruto per cápita. En el análisis del caso ecuatoriano, particular atención merecen los datos (proyectados) para el año 2020, en donde claramente se evidencia una contracción del empleo adecuado y un incremento del desempleo que pasa de 311 mil personas en diciembre del 2019 hasta 522 000 personas en septiembre del 2020; es decir, se han perdido alrededor de 211 000 empleos comparando diciembre del 2019 con septiembre 2020 (último dato disponible al momento de escribir el presente trabajo de investigación). La principal conclusión de este análisis estadístico de series de tiempo entre los años 2007 y 2020 es que la influencia del bono demográfico medido por el incremento de la población económicamente activa en Ecuador tiene su impacto en el incremento de la riqueza nacional per cápita pero, que a su vez, debido a las fallas y clasificaciones existentes en el sector laboral (subempleo, empleo no pleno, empleo no remunerado, empleo no clasificado) la contribución de la variable empleo adecuado sería mucho más precisa para analizar los niveles de correlación con la variable PIB per cápita. Dicho esto, lo que queda del bono demográfico en el Ecuador se aprovechará si y solo si (condición necesaria y suficiente) tenemos una mayor población en edad de trabajar con empleo adecuado.

Figura 1
Relación entre Empleo Adecuado, Población Económicamente Activa (eje izquierdo) y el Producto Interno Bruto per cápita (eje derecho) para el caso ecuatoriano

Nota. Construida por los autores utilizando datos provisto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Banco Mundial.

Con el objetivo de ampliar y sustentar el análisis de la serie de tiempo graficada en la parte superior, proponemos un estudio correlacional de los datos históricos de Ecuador empezando en 1960 y terminando en el año 2015. Para el efecto se construye un gráfico que en el eje de las abscisas sistematiza la variación quinquenal del PIBpc, mientras en el eje de las ordenadas muestra la variación quinquenal de los afiliados a la seguridad social. La expectativa intuitiva que teníamos previamente está ligada a la hipótesis correlacional de que un probable incremento en los empleados plenos (afiliados a la Seguridad Social) está acompañado de épocas de bonanza o crecimiento económico.

Los resultados son poco alentadores, pues al ampliar el tiempo de análisis, el gráfico muestra que es difícil establecer una tendencia correlacional (positiva o negativa) entre los diferentes puntos de la serie histórica; no obstante, es claro que existieron quinquenios de mucho crecimiento económico con pequeñas variaciones en la afiliación a la Seguridad Social, es decir, un crecimiento económico asociado a procesos de poco “aprovechamiento social” del bono demográfico y por tanto, poca generación de empleo adecuado. Dichos periodos se produjeron entre 1960-1965, 1970- 1975, 1975-1980 y 2000-2005.

Si entendemos estas etapas de tiempo a través de la historia económica el país, es indiscutible la asociación del petróleo y la construcción de su infraestructura con lo ocurrido en términos del PIB per cápita (PIBpc); es más, el Sistema de Oleoductos Transecuatorianos (SOTE) se terminó en 1972 mientras el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se entregó en el año 2003 periodos a los cuales se asocia gran parte del crecimiento analizado. Es importante resaltar que el crecimiento económico sin generación de pleno empleo ni aprovechamiento social provoca falta de ahorro obligatorio por parte de las personas activas lo cual finalmente se refleja en carencia de pensiones jubilares una vez retirados² ; es decir prolonga el círculo de la pobreza. De otro lado, en la parte superior del eje de las ordenadas se observan los quinquenios que proyectan un incremento del empleo adecuado medido, a través de una variable proxi que es la tasa de afiliación al IESS; aquí sobresalen tres periodos: 1990- 1995, 2005-2010 y 2010-2015, en donde existió crecimiento económico con aprovechamiento social del bono demográfico, lo cual genera redistribución de riqueza, reducción de pobreza por ingresos y mayor sostenibilidad en el sistema de pensiones (incremento de la cantidad de activos por cada jubilado).

Ahora bien, dentro de la interpretación antes mencionada de bono demográfico Aguirre (2016) sugiere que hay que distinguir dos tipos de cambios favorables en la distribución de grupos etarios: el primero por el incremento de la población económicamente activa (generadores de riqueza) versus la población dependiente (consumidores de riqueza); y un segundo que Mason (2005) y Lee y Mason (2006) aluden como el incremento de la población de adultos mayores argumentando que puede ser un cambio favorable cuando este grupo poblacional tiene riqueza acumulada que puede ser reinvertida productivamente a través del sistema económico; no obstante, la comprobación de esta hipótesis está por fuera del alcance de este trabajo y podría considerarse como un tema relevante para estudios posteriores.

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² En el Ecuador existen alrededor de 2 millones de personas mayores de 60 años de las cuales únicamente 500 mil personas reciben una pensión jubilar, es decir el 25 % de la población mayor de 60 años recibe una jubilación.

Figura 2
Correlación entre la variación del Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc) quinquenal medida en el eje de las abscisas y la variación en el número de afiliados a la Seguridad Social quinquenal en el eje de las ordenadas

Nota. Construida por los autores tomando datos del Banco Mundial (PIBpc) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para variación de afiliados.

Otro punto importante para este trabajo consiste en diferenciar el bono demográfico del “dividendo demográfico” conceptualizado por Lee y Mason (2006) quienes estudiaron los cambios en las tasas de participación de los distintos grupos etarios en el sector laboral y argumentaron que cuando la población económicamente activa crece más rápidamente que la población dependiente (menores de 15 y mayores de 60 años) se liberan recursos antes destinados a la atención de esta última población, que se pueden redireccionar hacia el ahorro y la inversión, generando así un crecimiento del producto interno bruto per cápita al que ellos denominan como dividendo demográfico.

En el gráfico de la parte superior se muestra que hipotéticamente habría existido mayor aprovechamiento del dividendo demográfico entre 1960-1965, 1970-1975, 1975-1980 y 2000-2005 en donde los ecuatorianos destinamos una mayor cantidad de recursos a inversión en infraestructura y construcción (sobre todo asociada a la producción petrolera) lo cual se reflejó en un incremento del PIBpc.

Concluyendo el análisis, es evidente que existen periodos de las últimas seis décadas en donde Ecuador aprovechó el dividendo demográfico mientras existieron otros periodos quinquenales en donde hubo un mejor aprovechamiento social del bono demográfico, pero no existió un periodo quinquenal que conjugue los dos conceptos, lo cual gráficamente se ubicaría en la parte superior derecha de la ilustración.

Una vez que se ha sustentado teóricamente y con evidencia empírica los conceptos de dividendo demográfico, transición demográfica y de bono demográfico para el Ecuador, es necesario analizar la estructura de la población ecuatoriana por edades entre los años 1960 y 2050; para el efecto, Córdova et al. (2010) manifiesta que “la estructura de edad de la población es la distribución porcentual de personas que hay en cada grupo de edad en un determinado momento del tiempo, y se representa de manera gráfica por medio de pirámides poblacionales o pirámides etarias”.

A continuación, se presenta la evolución poblacional que ha tenido el Ecuador y su proyección hasta el 2050 a fin de verificar las tendencias demográficas existentes y determinar en última instancia si Ecuador todavía muestra potencial de un bono demográfico y en qué estado de la transición demográfica se encuentra al momento. Para el efecto se utilizan pirámides que clasifican a las personas por grupo de edad y sexo partiendo desde 1960 y llegando hasta el año 2050 (proyecciones).

La morfología de las pirámides se encuentra determinada en gran magnitud por dos fenómenos propios de la población a nivel mundial; por un lado, la reducción de la tasa de natalidad, niveles de fecundidad y, por otro lado, el incremento de la esperanza de vida de los ciudadanos. Estos dos elementos confluyen para que la transición de las pirámides muestre un ensanchamiento de las cúspides y una reducción de las bases a lo largo del tiempo.

Figura 3
Pirámides poblacionales por grupos etarios y sexo para el caso

Nota. Análisis histórico desde el año 1960 hasta el año 2050 (proyecciones a partir del 2020) construidas por los autores tomando datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).

El análisis de los gráficos poblacionales nos permite reflexionar sobre el probable final del bono demográfico en los próximos 30 años, lo que implicaría que los tres pilares de la seguridad social: a) afiliados, b) empleadores y c) gobierno se deberían preparar tanto en los aspectos financieros del seguro de invalidez, vejez y muerte como en los aspectos relacionados con el derecho a la ciudad de los adultos mayores (recordando siempre que los jóvenes y adultos de hoy seremos los adultos mayores del mañana). En el primer caso se presenta un gráfico de la relación entre las personas en edad de trabajar (15 y 59 años) y las personas retiradas (mayores de 60 años); claramente se puede observar un deterioro del indicador en el tiempo, es decir mientras en 1990 existían 8,9 activos por cada persona mayor de 60 años, esta cifra cambia para situarse en el año 2050 en 2,7 activos por cada retirado. Esta importante reducción visibiliza el hecho de que los mecanismos para que los adultos mayores tengan garantía de su protección social futura vienen dados por el compromiso financiero de los diferentes actores involucrados en la sostenibilidad del seguro de pensiones (invalidez, vejez y muerte) del Ecuador para los próximos 30 años y por un incremento del número de personas de la Población Económicamente Activa con empleo pleno (por tanto, afiliadas a la seguridad social). Adicionalmente se registra el hecho de que los adultos mayores pasan del 6,1 % de la población total en 1990 hasta el 21,4 % de dicha población en el 2050; es decir, más de 2 de cada 10 personas que habitarán el Ecuador en el 2050 serán adultos mayores; las preguntas son ¿estamos socialmente preparados para este cambio demográfico?, ¿está el IESS financieramente preparado en el seguro de invalidez, vejez y muerte?, ¿están las ciudades adaptadas para esta nueva realidad con servicios pensados en los adultos mayores? Estos son los temas que nos preocupan a los autores de este documento y que serán abordados en una primera aproximación en el siguiente apartado.

Figura 4
Evolución de la tasa de dependencia entendida como la población económicamente activa (15-59 años) sobre la población mayor de 60 años para el caso ecuatoriano entre 1990 y 2050

Nota. Construida por los autores tomando datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).

2. Entendiendo el envejecimiento en un contexto más amplio

Habiendo analizado el proceso de transición demográfica que tiene Ecuador y la relación entre el envejecimiento poblacional, la base de contribuyentes y la base de beneficiarios de los sistemas de pensiones; en esta sección se busca ir más allá en la discusión del problema del envejecimiento y contextualizarlo con otras problemáticas del desarrollo, que develan que la vejez no puede entenderse únicamente como una reducción de la base de contribuyentes de un sistema o, el incremento de pasivos financieros del seguro de invalidez, vejez y muerte.

Para el efecto se presenta la noción de envejecimiento activo y productivo y se complementará con datos sobre dependencia económica de los adultos mayores y la afectación que tiene esto en la economía de los hogares. Finalmente, se vinculará el envejecimiento con varias aristas del desarrollo, profundizando en el desarrollo urbano sostenible.

2.1. Nuevo esquema de prestaciones de vejez, envejecimiento activo y productivo

La evidencia empírica muestra una reducción en la sostenibilidad del sistema de pensiones de ahorro y reparto con beneficio definido que utiliza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el pago a jubilados. Esta reducción se evidencia por la creciente cantidad de retirados con respecto a los empleados plenos de la seguridad social. De hecho, actualmente en nuestro país existen dos millones quinientos mil afiliados al seguro general obligatorio y quinientos mil jubilados, es decir, existen cinco afiliados por cada jubilado; no obstante, esta relación enfrentará similar tendencia en el tiempo a la tasa de dependencia de la población presentada gráficamente en la parte superior.

Por otro lado, es evidente que en la actualidad las personas tienen una mayor expectativa de vida al nacer; de hecho la esperanza de vida de los ecuatorianos es en promedio de 78 años, mientras que la tasa de natalidad (número de nacimientos por cada mil habitantes) se ha reducido hasta 19 % y el índice de fecundidad (número de hijos por mujer) es actualmente de 2,4. El resultado de la combinación de estos indicadores se expresa en la evolución morfológica de las pirámides poblacionales que ilustran el fin del llamado bono demográfico y la necesidad de pensar en un nuevo esquema de pensiones.

La situación se torna aún más preocupante si profundizamos en la realidad de que únicamente el 25 % del total de ciudadanos mayores de 60 años reciben una pensión en Ecuador, es decir, uno de cada cuatro adultos mayores están pensionados mientras los otros esperan la solidaridad de transferencias intergeneracionales en la que Samuelson en su modelo denomina “contrato social” que ocurre en Latinoamérica, en donde los jóvenes cuidan de los adultos con la expectativa de que en el siguiente periodo sus hijos cuidarán de ellos.

Estos errores del sistema de protección social y, específicamente del seguro de invalidez, vejez y muerte, nos llevan a pensar en un sistema de pensiones diferente basado en tres grandes pilares: a) un pilar no contributivo o de justicia social en donde las personas mayores de 60 años reciben una pensión por el solo hecho de ser ecuatorianos, sin distinción del sector laboral al que pertenecieron en su vida activa (empleados plenos, desempleados, subempleados); este primer pilar debe ser financiado por el Estado Ecuatoriano que debe buscar la protección social de todos los connacionales; b) un segundo pilar contributivo y solidario, es decir, el actual sistema de ahorro y reparto con beneficio definido que utiliza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) modificado paramétricamente para brindar mayor sostenibilidad financiera en el tiempo de acuerdo a los cálculos actuariales, y c) un sistema voluntario de cuentas individuales que permita que las personas que puedan y quieran incrementen el ahorro para su vejez bajo la administración del mismo IESS pero con distinto portafolio y posibilidades de inversión.

Adicionalmente, es importante plantear la idea de envejecimiento activo o envejecimiento con salud como una idea que confronta el paradigma predominante de la vejez como una etapa de disminución de salud y de facultades físicas y mentales.

La hipótesis de la compresión de la morbilidad propuesta por James Fries en los ochenta, que asume que la esperanza de vida aumenta por un desplazamiento de la edad promedio en que inician las enfermedades crónicas, contribuyó a la idea de que era posible gozar más tiempo de una vejez con salud (Fries, 2012). Y si bien hay evidencia empírica que confronta esta teoría, demostrando que el aumento de la esperanza de vida es más bien atribuible a las acciones médicas y no médicas que se toman para evitar la muerte en pacientes crónicos (López-Moreno, Corcho-Berdugo & López-Cervantes, 1998), la idea fundamental es que de una u otra forma es posible envejecer con mayor nivel de salud.

Desde entonces, más allá de los estudios de epidemiología y de economía de la salud, esta noción ha trascendido a la discusión económica general bajo la premisa de que la reducción de morbilidad no solo permite mayor salud, sino que habilita a la persona a realizar actividades que contribuyen al beneficio social (Miralles, 2010). Así surgen los conceptos de vejez o envejecimiento productivo (Butler, 2000; Bass, Caro & Chen, 1993) entendidos como las actividades -remuneradas o no- que realizan los adultos mayores y que pueden servir a la fuerza de trabajo remunerada a la vez que promueven la independencia de este grupo poblacional. Cabe anotar que el incluir en la definición a las actividades no remuneradas implica un enfoque de productividad en el sentido económico más amplio que el netamente financiero, el cual según Miralles (2010) debe entenderse sobre todo en los roles sociales de la cotidianidad de la familia y la comunidad, los que pueden agruparse en cuatro categorías: el trabajo familiar doméstico, el trabajo voluntario en la comunidad, el trabajo remunerado y las actividades educativas-culturales.

Si bien cualquiera de estas cuatro categorías contribuye a la realización de derechos y al fortalecimiento de la autonomía de los adultos mayores, es necesario también entender ¿cómo el envejecimiento poblacional está incidiendo en el desarrollo?, ¿por qué la falta de prestaciones de vejez adecuadas no son únicamente un problema para los adultos mayores sino para la sociedad en su conjunto?, y ¿cómo debe construirse un pacto social entre jóvenes y adultos, mandantes y mandatarios, gobierno nacional y gobiernos subnacionales con el objetivo de facilitar la vida de los adultos mayores? Recordemos que los jóvenes de hoy seremos los adultos mayores del mañana y la juventud o edad adulta debe ser entendida como la transición entre la niñez y la vejez; aquel sendero que muchos quisiéramos cumplir con dignidad a lo largo de nuestras vidas.

2.2. Vejez, derecho a la ciudad y objetivos de desarrollo

El concepto de envejecimiento productivo, analizado en la sección anterior, y los roles de la población adulta en la comunidad contribuyen a la realización de los derechos y al fortalecimiento de la autonomía de los adultos mayores. No obstante, es necesario ir todavía más allá en la discusión y entender cómo el envejecimiento poblacional se relaciona con el derecho a la ciudad y el desarrollo a nivel agregado, porque la falta de prestaciones de vejez adecuadas no son únicamente un problema para los adultos mayores sino para la sociedad en su conjunto.

Para empezar, es fundamental vincular el envejecimiento con el enfoque de derechos humanos. En los debates sobre derechos humanos de los adultos mayores se confrontan por un lado la visión de que la universalidad de los derechos incluye a los adultos mayores, al menos desde su dimensión ética, y que por tanto lo que se requiere es mejorar la implementación efectiva de los instrumentos existentes (Huenchan, 2018); y por otro, la visión que establece la necesidad de crear instrumentos legales específicos que permitan garantizar los derechos de este grupo, de la misma forma que para el resto de los adultos, porque como tales, tienen derecho al goce pleno de su autonomía (Williams, 2011) y es la particularidad de sus necesidades lo que los pone en una situación de vulnerabilidad ante la marginación (Rodríguez-Piñero, 2010).

Huenchan (2018) explica que la discriminación hacia este grupo poblacional parte de su condición diferenciada –en este caso por la edad– de lo que se considera el patrón de la normalidad. En el imaginario social, la vejez se asocia como algo negativo por diversos estereotipos, entre los que resalta una reducción de la productividad medida únicamente en términos de potencial económico (Traxler, 1980), por lo que los adultos mayores empiezan a considerarse una carga para la sociedad (Butler, 1969). Tal como resume Huenchan (2018) comulgar con la visión de que lo óptimo sería crear instrumentos legales específicos para la protección de derechos de las personas mayores viene asociado a otros desafíos: 1) especificar conceptualmente cuál es la definición de personas mayores como sujetos a proteger, lo que implicaría delimitar la definición conceptual de vejez;

2) decidir si el instrumento a crear debe enfocarse en enlistar derechos particulares de las personas mayores, o más bien en la eliminación de las formas de discriminación contra ellas (Rodríguez-Piñero, 2012 en Huenchan 2018); y 3) cómo promover valores como la dignidad y la autonomía en la vejez –considerados como valores básicos de los derechos humanos– cuando el ordenamiento jurídico internacional ha fortalecido leyes de custodia y medidas de tutela que de facto limitan la capacidad de las personas mayores de ejercer su autonomía y gobernar su proyecto vital.

Este debate, muy brevemente resumido, devela con claridad la discriminación que enfrenta este grupo poblacional, la problemática conceptual y jurídica que impide ratificar la titularidad de derechos de este grupo poblacional y cómo las acepciones sociales detrás del proceso de envejecimiento generan jurisprudencia que impide avanzar en mecanismos específicos para la protección de sus derechos. Entonces, tal como lo argumentan con claridad Bolaños y Acosta (2018; s.n):

• (…)el gran reto no se encuentra en el envejecimiento demográfico en sí mismo, sino en el comportamiento social y económico ante tal proceso. Entre los distintos condicionantes que caracterizan al envejecimiento, el que más preocupa, y que pensamos que social y económicamente lo caracteriza, es la pérdida de capacidad y autonomía que se refleja en un regreso a la dependencia. En algún momento de la vida, dadas las condiciones de salud, llega el retiro de la actividad y el menoscabo de roles.

Esta problemática toma una dimensión aún más relevante en la discusión de desarrollo cuando se contextualiza en medio de la discusión del derecho a la ciudad. El motivo principal de hacer este vínculo radica en el hecho de que para 2030 se estima que el 80 % de la población mundial habitará en zonas urbanas y para ese mismo año se prevé que la población adulta mayor en Ecuador represente el 14,2 % de la población total. De hecho, la proporción continuará creciendo hasta 2060, cuando se espera que alcance el 21,4 % de la población. Por tanto, hablar de ciudad a futuro tendrá un importante tinte de población adulta mayor.

En la actualidad, si bien no existe un consenso pleno sobre la definición de “derecho a la ciudad” la interpretación general gira en torno a la oportunidad de los ciudadanos de participar en las decisiones y en la construcción de la ciudad. En la literatura académica Henry Lefebvre introdujo el concepto del “derecho a la ciudad” en 1968 desde un punto de vista sociológico, donde habla de la necesidad de reapropiación ciudadana del espacio público frente a un sistema capitalista demasiado enfocado en la producción y acumulación de capital (Garnier, 2012). Este postulado de Lefebvre ha sido ampliamente discutido, complementado y reinterpretado a lo largo del tiempo por diversidad de autores y organizaciones, pero cabe destacar el aporte de David Harvey (2008) quien define el derecho a la ciudad como “el poder colectivo de remodelar los procesos de urbanización” y hace particular énfasis en la necesidad de re concebir el modelo de producción capitalista a partir de reconfigurar por completo los valores y las relaciones sociales (Garnier, 2012). En este contexto es donde cabe entonces argumentar la necesidad de repensar el rol de la población adulta mayor en la ciudad, y de cómo el concepto de envejecimiento productivo puede contribuir a la materialización de esa reconfiguración de relaciones sociales urbanas.

Sin embargo, al revisar los objetivos y metas de las agendas, tanto internacionales como locales, se evidencia una subestimación u omisión del rol que la población mayor puede jugar en la realización del desarrollo sostenible. Así, al revisar el planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de Desarrollo 2030 (Naciones Unidas, 2015) se verifica que el enfoque etario está apenas considerado de manera subyacente dentro del objetivo 3 de salud y bienestar y no es un objetivo en sí mismo, lo que refuerza el carácter secundario que tiene actualmente este grupo poblacional. Atender los derechos y necesidades de este grupo poblacional debe dejar de ser un criterio inclusivo para convertirse en un factor cada vez determinante para realizar los objetivos de desarrollo sostenible.

Por su parte, la Agenda de Hábitat Sostenible Ecuador 2036 (MIDUVI, 2020) define el “derecho a la ciudad” como “el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad” y contiene de manera más explícita el enfoque de derechos humanos como un principio rector y enuncia entre los elementos básicos de la gestión territorial urbana el hecho de que la planificación responda a un enfoque de género y visión etaria. Más aún, en las problemáticas identificadas en algunos de los ejes de acción de esta agenda se incluyen aspectos relacionados a la población adulta mayor. Específicamente, en los ejes de: i) movilidad y transporte, ii) derechos e inclusión, iii) cultura y convivencia ciudadana. Se reconoce que el espacio público, la infraestructura y los equipamientos no están pensados en la inclusión y seguridad de personas adultas mayores. Sin embargo, no genera ningún vínculo específico entre la población adulta mayor y el derecho a la ciudad.

Eliminar las barreras y la inseguridad en los espacios públicos y equipamientos contribuye a sortear la condición de vulnerabilidad y prolongar la autonomía de los adultos mayores, facilitando la movilidad y brindando accesibilidad. Sin embargo, una dimensión menos evidente, pero igual de relevante, es la necesidad de crear amenidades urbanas enfocadas en las dinámicas sociales propias de este grupo poblacional, que van desde servicios de salud hasta espacios de esparcimiento y convivencia. Para hablar de desarrollo es indispensable repensar la condición de vejez y los roles socioeconómicos que ejercen las personas durante este periodo de su vida a fin de crear condiciones donde no solo se potencie la autonomía de este grupo poblacional, sino que se pueda materializar el derecho a la ciudad de este grupo etario en el sentido de oportunidades de participación que la Agenda de Hábitat Sostenible Ecuador 2036 (MIDUVI, 2020) en el sentido de generar una reconfiguración de las relaciones sociales urbanas, de tal manera que el enfoque trascienda la producción y acumulación de capital, y se redireccione a las personas como apunta Harvey (2008).

CONCLUSIONES

A través de este estudio se mostró que la dinámica demográfica de Ecuador denota que existe una transición demográfica tal, que el así denominado bono demográfico está por terminarse en la década de 2030, y conforme las tendencias regionales será mayoritariamente urbana, lo cual cambiará significativamente la estructura poblacional del país y revela algunos aspectos dignos de estudiar.

El primero y más evidente refiere a la sostenibilidad del sistema de seguridad social. En un contexto de envejecimiento poblacional se agudizan dos realidades latentes en el sistema: a) el ahorro generado por las personas en su tiempo de activos es insuficiente para cancelar las pensiones de los pasivos, sobre todo en los sistemas de ahorro y reparto con beneficio definido, y b) los valores que se entregan como pensiones de jubilación resultan insuficientes para las personas que los reciben. Al respecto, se teorizó sobre la necesidad de rediseñar el esquema de protección social, de modo que la sostenibilidad financiera no se comprometa conforme avanzamos en la transición demográfica.

Adicionalmente, se develó la necesidad de entender el envejecimiento en un contexto mucho más amplio que el actual, donde la población adulta mayor no solo se considere un grupo vulnerable o carga dependiente en un hogar. Se explicó la necesidad de reenfocar el rol de la población adulta mayor y su posibilidad de continuar contribuyendo al desarrollo de sus hogares y, por tanto, de la economía en general. Para ello se presentó el concepto de envejecimiento productivo y se combinó con la problemática de discriminación que enfrenta la población adulta mayor actualmente, lo cual demuestra la limitación de un cambio de paradigma en torno a la vejez.

Finalmente, se expuso la necesidad de vincular a la población adulta mayor no solo como sujetos de derechos, sino como actores socio económicos necesarios para materializar tanto el “derecho a la ciudad” como los objetivos de desarrollo sostenible internacionalmente planteados, para lo cual se expuso la necesidad imperativa de planificar ciudades más inclusivas, tanto en lo que se refiere a la configuración de los espacios urbanos y creación de servicios, amenidades y prestaciones que involucren a los adultos mayores en la sociedad a través de nuevos roles sociales en la familia y la comunidad, y al replanteamiento del rol social de este grupo etario y su aporte en la reconfiguración de las relaciones sociales urbanas, en general.

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HUGO VILLACRÉS ENDARA

Estudió su Maestría en Ciencias Económicas en la UNIL, Suiza, y su Maestría en Fondos de Pensiones en la Universidad de Alcalá, España. Sus principales campos de investigación son el Empleo y la Seguridad Social. Actualmente es Director de la FCAE de la Universidad Tecnológica Indoamérica Quito.

LORENA SAAVEDRA

Máster en Planificación Urbana y Regional de London School of Economics. Actualmente trabaja como Asesora de Financiamiento y Gobernanza en la Cooperación Técnica Alemana-GIZ, es catedrática de Economía Urbana en la PUCE y colabora como investigadora en el proyecto europeo SOLUTIONSplus sobre Movilidad Eléctrica Urbana.