ECUADOR COMO PASO DE VÍA DEL NARCOTRAFICO Y SU EFECTO EN LA SEGURIDAD INTERNA: ANÁLISIS ANTERIOR Y POSTERIOR AL 2009

Resumen

La presencia del narcotráfico en Ecuador no resulta ser algo nuevo ya que la historia muestra que a pesar de no haber tenido un rol protagónico en esta cadena ilegal, si ha desempeñado un papel secundario como ser un país de tránsito. Por tal razón, las decisiones políticas y jurídicas a lo largo de estos años tomadas por los gobiernos de turno han sido varias; pero la decisión del año 2009 que consiste en solicitar el retiro del Puesto de Operaciones de Avanzadas (FOL) de la Base de Manta, marca un punto clave en la historia de la lucha del narcotráfico en el Ecuador.
En este año se disuelve la política tradicional que estaba regida por pedidos y aportaciones financieras provenientes de Estados Unidos; para dar paso a una política de seguridad independiente, en donde el actual gobierno desarrollaría decisiones propias para combatir el narcotráfico y en las cuales las instituciones de seguridad y ministerios afines serían los únicos protagonistas de esta lucha. A pesar de haber resultados favorables en cuanto a incautaciones de droga, el Estado ecuatoriano no deja de ser utilizado como paso de vía del narcotráfico por mafias que ven al territorio nacional como lugar ideal de transporte, plataforma y envió de su mercancía (drogas ilegales).
La razón se debe a que Ecuador cuenta con amplios puertos con salida al mar, por su ubicación estratégica en América Latina y por tener una buena infraestructura vial, por mencionar algunas razones. La mayoría de droga ingresada proviene de países como México, Colombia y Perú, la cual tiene como objetivo ser enviada a países de Centroamérica, Estados Unidos o Europa. Esto produce que la seguridad interna del país se vea afectada; debido a que puede alterar el orden del Estado, puede poner en peligro la integridad física de los ciudadanos y especialmente pueden surgir delitos conexos propios del narcotráfico. Por lo expuesto, es necesario que el gobierno continúe formulando políticas públicas responsables que velen por la seguridad ciudadana y que sean resultado de un trabajo en conjunto entre sociedad civil, academia y autoridades.